Tegucigalpa – Un conflicto sin precedentes entre las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha captado la atención internacional y dividido a la sociedad hondureña, tras las controvertidas elecciones primarias del pasado 9 de marzo que estuvieron marcadas por significativos retrasos en la distribución del material electoral.
En el centro de esta crisis institucional se encuentra el general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien públicamente ha expresado un «grito de no subordinación» hacia el CNE, desafiando lo que diversos expertos, incluido el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, señalan como una clara subordinación legal establecida tanto en la Constitución como en la Ley Electoral.
Según el marco legal hondureño, las Fuerzas Armadas pasan a disposición del órgano electoral 30 días antes de las elecciones primarias y permanecen bajo su autoridad hasta la declaratoria oficial de resultados, prevista para el 8 de abril en el actual cronograma electoral.
La presidenta del CNE, Cossette López, ha denunciado irregularidades graves en el manejo del material electoral, incluyendo la movilización de maletas electorales en autobuses urbanos sin la debida supervisión. Además, ha acusado al general Hernández de amenazas e intimidaciones durante una reunión previa a una sesión del CNE el 21 de marzo.
Por su parte, las FF.AA. rechazan categóricamente estas acusaciones y responsabilizan al CNE por fallos logísticos, como la falta de preparación adecuada y el incumplimiento de proveedores privados contratados para la impresión y traslado de materiales electorales.
La escalada del conflicto ha trascendido el ámbito institucional para convertirse en una batalla por el apoyo público. Mientras López busca respaldo en sus empleados y en su partido político, el general Hernández ha intensificado sus esfuerzos para conseguir apoyo de diversos sectores, incluyendo el del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
Esta crisis ha generado honda preocupación en la sociedad hondureña, con temores fundados de que pueda afectar la credibilidad de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025, exponiendo una profunda crisis institucional y agudizando la polarización política que ya caracteriza al país centroamericano.
Analistas políticos advierten que este enfrentamiento entre dos instituciones fundamentales para la democracia hondureña podría tener consecuencias de largo alcance para la estabilidad del país, en un momento en que Honduras enfrenta múltiples desafíos sociales y económicos que requieren instituciones fuertes y coordinadas.
