Tegucigalpa. – Los diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, Ramón Barrios, Jari Herrera, Maribel Espinoza del Partido Salvador de Honduras (PSH) y el liberal, Mauricio Villeda, entregaron un informe al pleno del Poder Legislativo, sobre el porqué algunos solicitudes de extradiciones no se habían ejecutado por las autoridades anteriores, considerando los rumores que habían «privilegios» de protección y/o beneficios selectivos.
Públicamente los mandaderos de esa misión, informaron que se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para conocer ese “listado”, quien les informó que se habían tramitado 77 solicitudes de extradiciones y que existen 97 solicitudes de extradición, de las cuales 33 tienen extradición firme, 32 con orden de captura pendiente, seis personas con extradición diferida, dos en trámite, y 19 a quienes se les retiró la solicitud y cinco personas con denegatoria de la solicitud.
Asimismo, se reunieron con el Fiscal General Óscar Chinchilla para conocer la misma información y el por qué el incumplimiento de las ejecuciones de dichas órdenes, también conocieron la versión de la Policía Nacional y por último dijeron que fueron a la oficina de Relaciones Exteriores donde originalmente se reciben las solicitudes de extradición, para iniciar el proceso.
Aunque todos los funcionarios de esas dependencias conocían de los listados y/o los nombres de los solicitados en extradición, los miembros de la comisión, “juraron” y dijeron junto al diputado que dirige el Congreso Nacional Rolando Redondo, que ese listado lo tenían en una bóveda y que nadie sabía de los nombres, que se iban a conocer hasta que entregara el informe oficial por la comisión especial.
La semana pasada el propio diputado Luis Rolando Redondo, advirtió que en la lista de extraditables “estaban diputados del Congreso Nacional”, lo mismo dijo el diputado de Libre, Sergio Castellanos, señaló que lo que evidencia que los nombres de los hondureños extraditables ya no son un secreto y que gran número de personas los conocen y hasta trasciende que pronto darán a conocer los nombres públicamente, violentando los derechos a la presunción de inocencia o al debido proceso.
En la sesión del martes, los miembros de la comisión presentaron en el pleno el informe, no revelaron nombres de los listados de los solicitados en extradición y se limitaron a informar que, en los procesos de extradición de un condenado en Estados Unidos, según ellos, hubo irregularidades e incumplimiento de las funciones del presidente de la CSJ, Rolando Argueta, que acciones similares encontraron en el quehacer del Fiscal General, quienes no cumplieron con sus responsabilidades.
Aunque la comisión no estaba nombrada para investigar a la Comisionada Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, la incluyeron en el informe y en resumen, presentaron la recomendación que el Fiscal General y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, se les debe aplicar “juicio político”, mientras a la titular del Conadeh debe ser interpelada, porque envió realizó o autorizó una inspección a la celda donde estaba recluido el ex presidente Juan Orlando Hernández, y donde su esposa Ana García había presentado la denuncia que se violentaban sus derechos como reo.
Además, porque le hicieron un video al exmandatario. Esas acciones violentan sus obligaciones y por lo tanto hay que “interpelarla” en el Congreso Nacional, también por agravante que la comisionada no ha realizado ese tipo de inspecciones a los miles de reos en las cárceles del país y lo que hizo es una acción imperdonable.
El diputado Redondo, luego de escuchar el sesudo informe, exaltó y dijo que ese documento era histórico y que debía traducirse a los diferentes idiomas, especialmente al ingles y publicarlo en las distintas redes sociales del Congreso Nacional.
Sobre la solicitud de llamar a juicio político de Rolando Argueta y Óscar Chinchilla, por el informe presentado es porque ambos son incompetentes por no realizar su trabajo, en los casos que la comisión únicamente investigó.
Tras la presentación del informe, se procedió a la discusión del mismo, exaltada por los diputados de Libre y del partido Salvador de Honduras (PSH), se concluyó que para hacer los proceso de interpelación y juicio político, oficialmente se requiere que sea aprobada por mayoría calificada de dos tercios de la cámara equivalentes a 86 votos de los diputados del Congreso Nacional que suman 128 propietarios.
En el debate y el razonamiento de los diputados, los nacionalistas por su lado, advirtieron que las solicitudes de la comisión, no proceden porque fueron elaboradas con prejuicios y el sustento legal, que además para su aprobación de las mismas, se requiere contar con la mayoría calificada y los nacionalistas no iban apoyarla.
En ese sentido, calificaron la discusión y la presentación del informe como un “show político”, porque el propio diputado Rolando Redondo, reconoce que no procede y que el propósito es quitar a la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, porque constitucionalmente forma parte de la comisión para la selección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, igual sucede con la participación del presidente de la CSJ.
Aunque los diputados de Libre insistieron con sus leguleya que debe aplicarse el juicio político al presidente de la CSJ y al Fiscal General, constitucionalmente no se puede legalmente, los diputados Nacionalistas propusieron al pleno que en esto no les acompañaban, pero si, en que se legalice la actual junta directiva del Congreso Nacional que dirige Rolando Redondo, porque es ilegal ya que esta impuesta y ni juramentada, que fue instalada con la aprobación de unos 50 diputados propietarios, ni 65 que son la mayoría. «Pero se niegan aceptar la propuesta, siguen legislando y aprobando leyes, haciendo reformas sin tener el pleno reconocimiento de la mayoría simple para integrar legalmente la junta directiva. Evidencia de la ilegalidad, es que la banda presidencial a la presidenta Iris Castro, se la colocó una juez, en una evidencia que el señor Rolando Redondo no está legal en el cargo de titular del Poder Legislativo.
Los diputados nacionalistas, recomendaron a Redondo que acepte la renuncia del diputado Jorge Cálix que fue electo por más de 70 diputados como presidente del Poder Legislativo y él aún no ha renunciado, que lo obligaron a incorporar a las sesiones, pero lo mantienen marginado o esperando darle el cargo que oficialmente ostenta, porque su nombramiento si cumplió lo que establece la Constitución de la República.
