Tegucigalpa – Este miércoles, el Ministerio Público de Honduras presentó un requerimiento fiscal ante la secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un nuevo desarrollo del caso conocido como Pandora II. En este requerimiento se acusan a ocho exfuncionarios, entre los que se encuentran los expresidentes Juan Orlando Hernández Alvarado y Porfirio Lobo. Ambos exmandatarios enfrentan cargos de fraude, mientras que Hernández también está imputado por el delito de lavado de activos, involucrando más de 62 millones de lempiras.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público detalla que la acusación también incluye al exministro de Finanzas, Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, quien enfrenta cargos de fraude. Además, figuran en la lista el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johnny Handal Hawit, los exgerentes administrativos de la Secretaría de Finanzas, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, el director de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Roberto Alonso Zúniga Barahona, y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit. Estos exfuncionarios enfrentan cargos relacionados con la violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
El caso se centra en una red de corrupción que, según la investigación de la Uferco, operó entre 2010 y 2013. Esta red participó en la aprobación y desembolso de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, a través de instituciones como el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Banadesa.
La implicación del expresidente Hernández se basa en el beneficio obtenido a través de estos desembolsos, destinados en parte al financiamiento de su campaña política, alcanzando al menos 62 millones de lempiras. Estos fondos se canalizaron mediante diversos mecanismos, como la creación de empresas ficticias, prestanombres y contratos ficticios, con el dinero público llegando a movimientos políticos denominados «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», además de una sociedad mercantil llamada tarjeta «La Cachureca» y a sus gerentes de campaña departamentales.
El expresidente Porfirio Lobo, según la investigación, participó de manera directa en la aprobación de traslados de fondos entre distintas secretarías con el fin de facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenar los fondos.
La Uferco planea solicitar citaciones a algunos de los imputados y emitir órdenes de captura y alertas migratorias para otros. La presentación del requerimiento fiscal se realizó ante la CSJ, ya que el expresidente Hernández, quien luego de su mandato fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), todavía mantiene esta condición.
