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Los mexicanos se hacen eco de la propuesta de Gabriel Boric sobre pensiones solidarias

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La propuesta del presidente electo chileno Gabriel Boric sobre la necesidad de desmantelar el sistema privado de pensiones encontró eco en México, un país cuyos ciudadanos también sufren las consecuencias de la capitalización individual de los aportes a la seguridad social.

El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Gustavo Leal explicó que las Administradoras de Fondos de Jubilación (AFORE) de su país son muy similares a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) creadas por el dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990).

«Durante la administración del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), los tecnócratas mexicanos hicieron una copia casi perfecta de la privatización del sistema de pensiones por parte de Pinochet», recordó Leal.

Por esta razón, los trabajadores mexicanos actualmente reciben menos del 30 por ciento de su salario cuando se jubilan. Esta cifra está por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), institución que incluye a Chile, Brasil, México y Argentina.

En enero de 2021, sin embargo, entró en vigencia la primera reforma llevada a cabo desde 1997 al Sistema Mexicano de Ahorro para el Retiro (SAR) para aumentar en un 40 por ciento los miserables ingresos de los jubilados, ampliar la cobertura de las «pensiones garantizadas» del 34 al 82 por ciento, y elevar el número de mexicanos con derecho a pensión de 56 por ciento a 97 por ciento.

Para ello, la reforma del SAR reduce el requisito de contribución de seguridad de 25 a 15 años. Sin embargo, aumenta la contribución mensual al sistema de pensiones del 6,5 por ciento al 15 por ciento.

«La reforma es insuficiente porque preserva el modelo que Boric quiere reemplazar, es decir, el sistema de capitalización individual que rompe por completo la solidaridad», enfatizó el profesor Leal, quien agregó que el sistema privado mexicano de pensiones aún podría permanecer vigente hasta al menos 2032. debido a la colusión entre corporaciones y algunos líderes sindicales.

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