A mitad de la semana próxima, Diputados pondrá en marcha el tratamiento del megaproyecto de ley. Podrá verse entonces si el oficialismo abre el juego de negociaciones o se mantiene cerrado, en minoría.
Por Infobae
Javier Milei va a cumplir su primer mes de gobierno en coincidencia con las reuniones que programó Diputados para comenzar a tratar su megaproyecto de ley, a mitad de la semana que viene. Demoró más que otras gestiones para activar la maquinaria legislativa, en buena medida pero no únicamente por la condición minoritaria del oficialismo en el Congreso.
Eso mismo expuso la necesidad y la complejidad de los acuerdos para ordenar comisiones y consagrar autoridades en las dos Cámaras. Lo que viene, ahora, es el real desafío de construcción política y gestión: se verá si se imponen criterios de negociación o de cerrazón, en minoría, para una batalla de horizonte incierto.
El primer mes de Milei presidente fue marcado también por el enorme DNU inicial, que ya abrió el frente judicial y seguramente sumará varios capítulos antes de llegar a la Corte Suprema. La vía del Congreso para el decreto está abierta. Por supuesto, el cuadro heredado y el respaldo del balotaje se combinan como partes centrales de un capital significativo para el Gobierno, que busca exponer decisión y a la vez da pasos a contramano de sus planes, frente a un dato mayor: la velocidad de los tiempos en medio de la crisis.
La magnitud del proyecto y apenas antes el DNU expusieron de entrada el mensaje político. El texto de ley retoma y amplía experiencias anteriores de menú muy amplio -desde cuestiones fiscales y previsionales hasta educación y salud-, acompañadas por la demanda de delegación legislativa en el Presidente. La velocidad varía con la historia -diez días para los “súper poderes” presidenciales en la última etapa del peronismo/kirchnerismo- y también es diferente el entramado de alianzas que lo hace posible. Son dos interrogantes en estas horas.
El Gobierno convocó a sesiones a extraordinarias hasta fines de este mes. Más allá del discurso, podría extenderlas en febrero si el trámite avanza. Diputados recién encarará el plenario de tres comisiones el martes y seguirá el miércoles. El debate no asoma fácil y aún en velocidad, después quedaría la instancia del Senado. Antes del ritmo, deberá quedar clara la decisión política.
El Gobierno, que no actúa de manera uniforme, produjo esta semana un gesto que en medios legislativos nadie se anima a definir como antecedente o excepción. Los cinco gobernadores del Sur -un peronista/kirchnerista, un integrante del PRO y tres de expresiones provinciales- se plantaron en contra de los artículos referidos al régimen pesquero. La respuesta fue negociar aclaraciones o cambios en ese tramo del megaproyecto. Se verá cómo concluye.
Los crujidos, algunos muy promocionados, entre duros y blandos del oficialismo se escuchan en el Gobierno y en el Congreso. Hay ya figuras que resumirían el cuadro: por ejemplo, Nicolás Posse y Guillermo Francos. De todos modos, está claro que lo que está en juego en Diputados supera esa instancia. Se trata de la ley crucial para el inicio de Milei.
Hay varios elementos que vienen siendo jugados, entre ellos dos analizados una y otra vez como movidas llamativas en el tablero político.
El primero apunta a la amplitud del proyecto, que incluye asuntos fuera de la lógica de la “emergencia” y hasta insólitos. Y más aún en el caso del DNU, con varios artículos fuera de la amplitud constitucional, según coinciden incluso legisladores dispuestos a apoyar muchas de las reformas. La pregunta suena ingenua, pero circula alimentada por algunas otras señales lineales del oficialismo: ¿se incluyó mucha cáscara para no ceder o ceder poco en el núcleo? Se verá en pocos días.
La segunda cuestión tiene que ver con el discurso de dureza que acompañó el reclamo al Congreso aún antes de enviar el megaproyecto. El propio Milei fue en esa línea: se dijo que el rechazo expondría una reacción corporativa y hasta corrupta. Y no hubo matices. Desde el punto de vista conceptual, sintoniza con una visión forzada del reclamo de acompañamiento sin vueltas y general al ganador de las elecciones. Lejos de equilibrios y construcción de acuerdos.
Resulta llamativo porque, al menos hasta ahora, los aportes a la “gobernabilidad” fueron expresados en el trabajoso armado para poner en funcionamiento las dos cámaras del Congreso. Lo destacan legisladores de la oposición no peronista y lo admitieron de hecho algunos libertarios en tales tratativas. Fue notable para nombrar autoridades y definir el manejo administrativo en el Senado. Y acaba de exponerlo la pulseada para integrar las comisiones vitales en Diputados.
Al revés, y por momentos, el Gobierno parece extender la lógica de confrontación con el kirchnerismo a todo el fragmentado paño político. Eso mismo blinda a los bloques de UxP, más allá de algunos gestos a gobernadores. Y juega a contrapierna de negociaciones con franjas dispuestas a acompañar reformas, aunque con limitaciones y puntuales rechazos. Eso se registra en parte del PRO, la UCR y el conglomerado que integra a legisladores cercanos a gobernadores de JxC, además de expresiones provinciales nucleadas en otro bloque.
Por otra cuerda aparece el DNU. Fue enviado al Congreso, como corresponde, aunque el foco está puesto más en la Justicia que en la comisión bicameral que debe analizarlo y qué aún no fue integrada. En rigor, sobre todo después de una iniciativa impulsada hace más de quince años por Cristina Fernández de Kirchner, es difícil que un decreto de esa naturaleza quede fuera de juego por decisión legislativa. Salvo, claro, que el oficialismo termine por empujar a buena parte de la oposición hacia la vereda del peronismo con sello K.
El Gobierno comenzó a registrar decisiones judiciales contrarias al DNU, primero en el fuero laboral y después, se verá su alcance, en el contencioso administrativo federal. Es probable que se sumen otros capítulos, más allá de la intencionalidad o no de los autores. Todavía sin decisiones sobre la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad, está claro que el camino lleva a la Corte: llegado el caso, resulta impensable que todo el articulado del decreto pase esa prueba. Antes, claro, se verá qué ocurre en el Congreso. Será una señal política potente, quizá la mayor de esta gestión.
