Tegucigalpa. – En una conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, presentó a las nuevas autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) que velarán por el orden y control en las cárceles de Honduras.
El nombramiento de estas autoridades interinas del INP, se realizó en el marco de la declaración de estado de emergencia en el sistema penitenciario publicado este martes en el diario oficial La Gaceta.
La comisión interventora está integrada por el coronel de infantería, José Gonzales Maradiaga, quien se desempeñará como el director, los coroneles de infantería Marco Barahona Fuentes y Nery Arita Arita, y el comisionado de Policía Willy Núñez Morales, son los nuevos subdirectores.
Por su parte, el nuevo secretario general es el coronel de Pablo Herrera, mientras el gerente administrativo el coronel José Miguel Mejía y el inspector general, el comisionado de Policía, Wilson Alvarenga Núñez.
En la comparecencia de prensa, el nombrado nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto, Tito Livio Moreno Coello, manifestó que las Fuerzas Armadas de Honduras, en su tarea de servicio al pueblo hondureño, está apoyando esta intervención poniendo a la disposición los mejores hombres y mujeres con el profesionalismo que los ha caracterizado.
Explicó que ya están trabajado en el diseño de un plan para asumir con cada una de las responsabilidades delegadas por la ley ante la declaración de emergencia en el sistema penitenciario.
En las últimas horas las autoridades de gobierno determinaron declarar estado de emergencia en el sistema penitenciario debido a los múltiples asesinatos que han ocurrido durante los últimos meses.
A través de una publicación del decreto en el diario oficial La Gaceta, se dio a conocer la decisión, en la que se especifica que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) quedan suspendidas, y los centros penales a nivel nacional serán responsabilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA).
El decreto publicado en La Gaceta, establece que de manera inmediata todas las autoridades quedan suspendidos en el ejercicio de sus funciones, durante el tiempo que dure la intervención.
Asimismo, todas las autoridades superiores de estas instituciones, incluyendo al Consejo Directivo del Sistema Penitenciario y cualquier otro órgano de dirección o gerenciamiento; en razón de lo cual, la Comisión Interventora creada, quedará ostentando en forma plena la coordinación y administración de las instituciones.
Además, la emergencia aprobada en las últimas horas por el Consejo de Ministros, faculta a la Comisión Interventora para que proceda a la suspensión temporal de personal penitenciario, la terminación de contratos de trabajo o la revocación de acuerdos del personal que se considere innecesario, con el acompañamiento de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y la Dirección de Servicio Civil según corresponda la acción a tomar, apoyados por la Secretaría de Finanzas a efectos de proveer fondos para cubrir derechos laborales.
El documento señala que, de los hallazgos encontrados por la interventora, si es procedente, esta debe informar al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), al Ministerio Público o la Procuraduría General de la República (PGR), según sea el caso.
El decreto de emergencia señala la misión que tiene la comisión interventora es lograr la normalización y correcto funcionamiento de los centros penitenciarios y en los Centros Pedagógicos de Internamiento para Menores Infractores Privados de Libertad, priorizando los de máxima seguridad.
Asimismo, presentar al presidente de la República, una propuesta integral de reestructuración, basada en la revisión del marco de gestión penitenciaria que incluye entre otras lo normativo, lo procedimental, lo administrativo y presupuestario.
Igualmente, establecer un proceso de ordenamiento de atención médica de los privados de libertad para lo cual debe coordinar con la Secretaría de Salud y con el departamento de Medicina Forense del Ministerio Público, la atención a los privados de libertad en los centros penitenciarios y en los Centros Pedagógicos de Internamiento para Menores Infractores Privados de Libertad para lo cual la Secretaría de Salud debe establecer módulos de atención.
Además de implementar un nuevo sistema de comunicación con el privado de libertad, que incluye entre otras, todo tipo de visitas y comunicación telefónica, habilitar o construir la estructura física y tecnológica que permita la implementación del sistema de audiencias virtuales, establecer un Centro de Monitoreo Nacional que se alimentará del monitoreo local existente en cada una de las cárceles.
También deberá proponer soluciones para reducir la población penitenciaria establecidas en la Ley General de la Administración Pública y otras que por norma legal adicionalmente les corresponda.
La Comisión Interventora debe rendir, ante el titular del Poder Ejecutivo, un informe de avance de las acciones tomadas mensualmente incluyendo el efecto de las medidas orientadas a alcanzar el equilibrio administrativo, operativo y financiero de la institución, así como las recomendaciones para su restructuración, modernización y mejora.
El Poder Ejecutivo a la vista del informe de la Comisión Interventora, debe dictar las decisiones que sean necesarias deduciendo las responsabilidades a que haya lugar en su caso.
