Tegucigalpa – El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), ha emprendido acciones contundentes en el caso de presunta corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno anterior.
En una reciente movida, presentó un recurso de apelación con el objetivo de revertir el sobreseimiento definitivo y proceder con el auto de formal procesamiento contra el expresidente Porfirio Lobo Sosa por el delito de fraude.
La solicitud incluye también al extitular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, quien solo enfrenta cargos por violación a los deberes de los funcionarios.
Se busca que la Corte de Apelaciones designada reconsidere la decisión y emita el auto de formal procesamiento por fraude contra Cerrato Rodríguez.
En el mismo contexto, figuran otros nombres relevantes. Jorge Johny Handal Hawit, exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Lilia María Bográn Rivera, exgerente administrativa de SEFIN, y Roberto Alonso Zúniga Barahona, director de presupuesto de SEFIN, han sido beneficiados con sobreseimiento por fraude.
Por otro lado, James Aldana Medina, exgerente administrativo de SEFIN, ha sido objeto de un auto de formal procesamiento por fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
El caso gira en torno a una presunta red de corrupción que operó entre los años 2010 y 2013, facilitando la aprobación y desembolso de fondos públicos por un total de más de 288 millones de lempiras a fundaciones como Todos Somos Honduras y Dibattista.
Se alega que estos recursos se utilizaron de manera irregular, incluyendo financiamiento para campañas políticas.
La Fiscalía sostiene que el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado también está vinculado a este esquema corrupto, habiendo recibido al menos 62 millones de lempiras para su campaña política, mediante la creación de empresas ficticias y contratos dudosos.
Se señala que Lobo Sosa autorizó las transferencias de fondos entre diferentes entidades gubernamentales, facilitando así los desembolsos a las fundaciones involucradas.
En este contexto, el Ministerio Público ha presentado un requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), considerando la condición actual de Hernández Alvarado como diputado del Parlamento Centroamericano.
La apelación busca reabrir el caso y avanzar en la lucha contra la corrupción en Honduras.
