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Tegucigalpa

Ministerio Público y ministro de Seguridad reconocen uso de armas de la Policía en la masacre de mujeres en Támara

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Tegucigalpa – Este lunes, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, y el fiscal de Delitos Contra la Vida, Roberto Blen, hicieron declaraciones públicas admitiendo que en la masacre de 46 mujeres en Támara se emplearon armas y municiones pertenecientes a la Policía Nacional.

Las afirmaciones del ministro confirman las denuncias previas de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien había señalado que en la tragedia ocurrida el 20 de junio del presente año se utilizaron armas y municiones de uso policial.

Es un hecho constatado que las armas y municiones de la Policía fueron utilizadas en la masacre, y el ministro Sánchez Velásquez reconoció este hecho en el programa Frente a Frente. Sin embargo, aclaró que nunca se ha emitido una orden arbitraria que pudiera constituir un delito.

El ministro consideró innecesario entrar en detalles sobre la masacre en sí, ya que se están investigando las acciones de quienes estaban a cargo del centro penitenciario femenino de Támara, así como toda la cadena de mando que podría tener responsabilidad en la custodia durante el trágico suceso.

Sánchez Velásquez admitió que se hizo uso de munición policial en las muertes de las mujeres, pero enfatizó que «en esta administración no se han sacado municiones y armas», y agregó que en otros hechos violentos también se han encontrado armas pertenecientes a la Policía Nacional.

Por otro lado, el fiscal de Delitos Contra la Vida, Roberto Blen, también reconoció la presencia de munición oficial durante la masacre. «Lamentablemente sí, eso fue una evidencia en la pericia», indicó, pero se abstuvo de expresar opiniones para no exponer a la Policía, sino al Estado hondureño.

En el mismo contexto, la comisionada de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, quien participó en el foro, solicitó al ministro Sánchez Velásquez desbloquear la información y entregarla al Conadeh, de acuerdo con la ley orgánica de la institución, con el fin de verificar la situación en las cárceles.

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