Tegucigalpa – La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, compareció este viernes en la inédita sesión virtual que sostuvo el Congreso Nacional para informar al pleno en qué consisten los dos primeros préstamos autorizados por ese poder del Estado para hacerle frente a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.
La funcionaria indicó que tal como lo ha venido conversando con la comisión de presupuesto del Congreso Nacional, se ha procedido a gestionar estos dos primeros préstamos en el contexto de la autorización que el Congreso Nacional le dio a la Secretaría de Finanzas para ampliar la movilización de recursos en el contexto de la pandemia del COVID-19 que afecta al país y al mundo entero.
“Para su información hemos terminado las primeras proyecciones y también de verificación en caja de la caída de los ingresos que estamos experimentando y que va ser más dramática en los próximos meses, yo creo que es importante tener conciencia que este impacto económico tiene un impacto directo en las recaudaciones también”, refirió Tábora ante los diputados en la sesión vía internet.
En ese sentido, en el marco de la autorización que se le dio a Finanzas se está haciendo un manejo responsable de un endeudamiento de hasta dos mil 500 millones de dólares.
“Lo primero que quiero decir, es que en esa autorización, estamos haciendo una gestión responsable del uso de este endeudamiento, y que Honduras en el marco de los indicadores nacionales, entramos con una posición mejor que otros países porque la relación deuda-PIB todavía está en un contexto manejable, y también pues previendo la recuperación a futuro”, apuntó la ministra.
Detalló que uno de los préstamos es por un monto de 119 millones de dólares como apoyo presupuestario de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “La pregunta es ¿en qué lo vamos a usar, por qué este es apoyo presupuestario?”, se preguntó a lo que explicó que un fuerte componente de esto, más de 100 millones de dólares, es especialmente para ampliar un medio mes o hasta un mes las transferencias a las municipalidades para el programa Honduras Solidaria.
Asimismo, es para poder tener los recursos para los subsidios temporales a las personas que han sido suspendidas de los empleos, iniciativa que ya se ha aprobado por lo que el gobierno tiene que hacer frente a eso, y también otras atenciones en salud, a fin de atender la emergencia.
Acotó que ese mismo préstamo de 119 millones, también está orientado a proteger la cadena agroalimentaria en el país y en este contexto y va desde proteger y apoyar a los productores de alimentos básicos que se necesitan y que se van a necesitar en los próximos meses, hasta fortalecer la reserva estratégica nacional de alimentos que implica fortalecer al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).
Eso implica la infraestructura de silos y bodegas, entonces “estos 119 millones de dólares van al corazón de la emergencia en este pico que estamos enfrentado y que Dios mediante todos juntos vamos a superar, para eso es esta operación de 119 millones, que son montos que no se tenían previstos.
Por otro lado, informó que la otra parte de recursos para atender la emergencia hasta de dos mil 900 millones de lempiras, hasta el momento se ha cubierto mediante un ejercicio de contención y de reorientación de recursos del Presupuesto General de la República ya existente.
Sin embargo, llegará un momento donde las necesidades en estos meses por venir van a ser muy fuertes y se está trabajando en una estrategia, atendiendo la emergencia, pero pensando también la reactivación económica, entonces esos dos prestamos están orientados en ese sentido.
Precisó que el otro préstamo con el Proyecto Competitividad Rural (ComRural-Honduras), es por 75 millones de dólares y viene a afianzar los otros eslabones de la cadena productiva con asistencia técnica y para incrementar la capacidad de producción y de manejo también de los alimentos que se requieren para garantizar la seguridad alimentaria.
“Son los primeros dos préstamos que gestionamos en el marco de la autorización que el soberano Congreso nos autorizara al Gobierno de la República a través de la Secretaría de Finanzas”, apuntó.
Indicó que ha sostenido un diálogo franco con los miembros de la comisión legislativa de presupuesto que preside el diputado Mario Pérez, por lo que se ha acordado dar un seguimiento al destino de los fondos pues hay preocupación sobre la gestión y uso de los recursos
“Entonces con muchísimo gusto yo hice el compromiso de hacer las gestiones necesarias para el seguimiento de las operaciones que aquí se aprueben, creo que han salido orientaciones claves, orientadas a una mayor inclusión de los programas que están en ComRural por ejemplo”, aseveró Tábora.
Recalcó que en las dos operaciones de préstamo, los recursos se han otorgado en condiciones altamente concesionales.
La funcionaria alertó sobre la caída de los ingresos en los próximos meses producto de los efectos de la pandemia del coronavirus, lo que se irá analizando con la comisión ordinaria de presupuesto y con el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, para hacer lo que mejor convenga y saber cuál es realmente la proyección sobre el impacto fiscal de la emergencia y la necesidad de reorientar el Presupuesto de la República.
Pero también tomar medidas adicionales para garantizar que la ciudadanía no vaya a carecer de los insumos y de la atención que constitucionalmente el Estado y el gobierno están obligados a brindar.
Al final de la sesión virtual inédita el Congreso Nacional aprobó de manera “on line” una serie de iniciativas encaminadas a tener las herramientas necesarias para responder ante la pandemia del COVID-19.
De las iniciativas, resaltan la aprobación de dos préstamos con el Banco Mundial (BM), por 119 millones de dólares y otro por 75 millones de dólares con ComRural, destinados a apoyar la cadena agroalimentaria, apoyo financiero a las municipalidades y al sector salud del país.
Los recursos serán destinados a financiar la ejecución del “Crédito para Políticas de Desarrollo sobre Gestión del Riesgo de Desastres con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT-DDO)” y el “Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural – ComRural II”.
