Tegucigalpa – El Ministro de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, defendió los logros de su gestión ante las críticas de los medios de comunicación, sin la necesidad de realizar «grandes cadenas» de comunicación.
Durante una intervención esta semana, Sánchez destacó los avances significativos en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, en contraste con el reciente enfoque mediático en la defensa de una acusación penal contra el exalcalde del Distrito Central, Nasry Asfura, por parte del Fiscal General, Johel Zelaya.
El titular de Seguridad criticó específicamente al periodista Carlos Hernández de HRN por cuestionar el financiamiento de un equipo de fútbol de la Policía, subrayando que su administración ha logrado avances en seguridad sin invertir en publicidad.
Sánchez expresó su frustración con lo que percibe como una narrativa sesgada en los medios, reiterando su posición en una entrevista anterior con Hernández.
Además, Sánchez adelantó que espera ser invitado al Congreso Nacional para discutir los resultados obtenidos bajo el estado de excepción vigente desde diciembre de 2022.
Resaltó logros como el decomiso de 30 toneladas de cocaína, la destrucción de más de 10 millones de arbustos de coca, y la captura de 39 individuos solicitados en extradición. También mencionó las más de 4 mil detenciones relacionadas con la extorsión y otros delitos, así como la incautación de numerosas armas.
El ministro refutó las alegaciones de que operadores de justicia detenidos recientemente por colaborar con traficantes de drogas sean parte de la Policía Nacional, aclarando que los arrestados incluyen militares y funcionarios del Ministerio Público y del sistema judicial.
Sobre el eslogan #VamosBien, Sánchez afirmó que Honduras cerrará el año con la tasa de homicidios más baja en dos décadas, destacando la eficacia de las políticas de seguridad implementadas bajo su gestión.
Por último, Sánchez hizo hincapié en que más de 60 funcionarios han sido señalados por delitos y más de 2,500 policías han sido despedidos en procedimientos administrativos como parte de los esfuerzos de depuración, sin la necesidad de amplia publicidad en los medios.
Añadió que, a pesar de algunos reintegros de exmiembros de la Policía por malos procedimientos en el pasado, el Estado ha invertido más de 40 millones de lempiras en rectificar estos errores.
