Tegucigalpa – El ministro del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, reiteró sus afirmaciones sobre la existencia de una “mafia” compuesta por las 10 principales familias exoneradas en Honduras, que estaría obstaculizando la agenda de reformas estructurales impulsada por la presidenta Xiomara de Zelaya.
Ochoa sostiene que estas 10 familias gozan de exoneraciones fiscales en el país y tienen un control significativo sobre la economía hondureña. Esta afirmación surge en respuesta al llamado del director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, quien instó al ministro a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público, proporcionando los nombres de estas familias exoneradas.
El ministro Ochoa expresó que no se dejará amedrentar ni intimidar por esta invitación y afirmó que su lealtad está con el pueblo hondureño. Además, enfatizó en sus declaraciones previas, donde había mencionado que estas 10 familias exoneradas, junto con el Cohep, estarían tratando de influir en la elección del Fiscal General del país, buscando así mantener su impunidad fiscal.
La presidenta Xiomara de Zelaya también se unió a esta discusión al acusar a una élite empresarial en Honduras de no cumplir con sus obligaciones fiscales y utilizar al Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) como un brazo político para conspirar contra su gobierno y oponerse a la Ley de Justicia Tributaria. Afirmó que esta élite está intentando evitar la aprobación de esta ley bajo cualquier pretexto.
En medio de estas tensiones, el debate sobre la justicia tributaria y las relaciones entre el gobierno y el sector empresarial en Honduras continúa, lo que podría tener un impacto significativo en la dirección futura de las políticas fiscales en el país.
