Tegucigalpa. – Mediante un comunicado que el Ministerio Público, divulgó este domingo, reconoce que un empleado suyo sustrajo desde el almacén de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), armas de fuego sin la correspondiente autorización.
A la vez desmiente que tales armas son las que utilizó un grupo de criminales para perpetrar la masacre en donde murió un hijo del expresidente, Porfirio Lobo (2010-2014) y tres jóvenes más que le acompañaban al momento del crimen.
En un comunicado, la Fiscalía reseña que, el pasado jueves 28 de julio del presente año se presentó requerimiento fiscal con orden de captura contra un detective de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, a quien se le acusó por los delitos de hurto continuado, tráfico de armas y asociación para delinquir, ya que luego de investigaciones se comprobó que participó en la sustracción de armas y hurto de evidencias de las bodegas del Ministerio Público.
“Es lamentable que lo anterior haya servido para que con información inexacta e incompleta se quiera relacionar este hecho con lo ocurrido el pasado 14 de julio donde perdieron la vida cuatro jóvenes en un centro nocturno del bulevar Morazán en Tegucigalpa”, señaló el ente acusador del Estado.
Según el documento oficial, los expertos en balística afirman que las armas utilizadas en la muerte de los cuatro jóvenes usaron proyectiles calibre 5.56 milímetros, mientras que las armas sustraídas del almacén del Ministerio Público son calibre nueve milímetros y 40 milímetros, por lo que “no corresponden” al calibre de las armas investigadas en el asesinado de los jóvenes.
Finalmente, el Ministerio Público reitera su compromiso de cumplir fielmente con los fines y objetivos para los cuales fue creado; representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad; y garantiza y velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y las leyes.
Si bien es cierto la explicación o aclaración tiene sentido, el asunto no hubiera dado espacio a las dudas si desde esa institución la información fluyera sin letargo.
A pesar de la confusión, el Ministerio Público no “suelta todas las prendas” aún. Muestra de ello es la observación, que, sobre el mismo caso, hace la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, al preguntarse, ¿Por qué Soraya (fiscal jefe del detenido), no ha remitido el listado de esas armas?”
¿Por qué el MP no dejó bajo responsabilidad de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y no como lo hizo, dejar que sea la ATIC quien analizara dichas armas?, cuestiona
A consideración de la especialista en medicina forense y viceministra Julissa Villanueva, aquí se perdió el principio de objetividad y transparencia. De ahí que la funcionaria cuestione. “¿Hasta cuándo más de lo mismo?”, increpó.
