Un reciente informe muestra un alarmante incremento de agresiones, detenciones y expulsiones de religiosos.
Por Infobae
“Esta noche a eso de las 10:30 pm la Policía ha llegado a casa cural y se han llevado a nuestro párroco Álvaro Toledo…” Así lamentó este jueves la Diócesis de Estelí la captura de otro sacerdote. Pocos días antes, personas vestidas de civil se llevaron a la fuerza a los sacerdotes Iván Centeno y Julio Norori.
El sacerdocio es actualmente una actividad de alto riesgo en la Nicaragua que controla Daniel Ortega.
Durante una misa por el Santísimo, el padre Álvaro Toledo, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Ocotal, lamentó la detención de sus dos compañeros y premonitoriamente comentó: “Por ahí andaba un rumor que a mí también me habían llevado, la verdad es que ya no sabemos. En cualquier momento nos puede tocar, pero tenemos la paz y la conciencia tranquila”.
Con la captura de Toledo, ya son 12 los sacerdotes que mantiene presos la dictadura de Daniel Ortega, en medio de una espiral de persecución religiosa, que según la investigadora Martha Patricia Molina “busca desaparecer a la Iglesia Católica de Nicaragua”.
La persecución religiosa ha sufrido un “estrepitoso” incremento en Nicaragua en estos últimos tres años, según detalla un reciente informe de Molina que registra 667 ataques contra la iglesia católica entre abril de 2018 y agosto de 2023.
Los ataques expuestos en el informe comprenden profanaciones, robos, daños a las infraestructuras religiosas, inmovilización de cuentas bancarias, confiscaciones, amenazas de muerte, difamaciones públicas, agresiones verbales y físicas, exilios, expulsiones, despojos de la nacionalidad, secuestros, encarcelamientos y mensajes de odio, entre otros.
La autora, nicaragüense en el exilio y abogada de profesión, advierte que el registro de agresiones puede ser menor al expuesto debido al “silencio reiterado de los miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y la mayoría de las autoridades eclesiásticas, la escasa presencia de los medios de comunicación social, investigadores y de organismos de derechos humanos en el interior del país y el temor o prudencia de los laicos o miembros de los grupos religiosos al no documentar y exponer las hostilidades”.
El informe señala que hasta agosto había cinco sacerdotes encarcelados, entre ellos el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por el régimen de Ortega por “traición a la patria” y “difusión de noticias falsas”. Sin embargo, en los últimos días se han conocido siete casos más de sacerdotes encarcelados, cuatro de estos recluidos en el Seminario Menor de Managua.
Molina hace notar que las agresiones se ejecutan con “fluctuaciones” desde 2018, cuando se registraron 90 ataques a la Iglesia Católica, pero “el comportamiento reflejado durante los tres últimos años demuestra un incremento estrepitoso”.
En el 2022 se conocieron 171 ataques relacionados a la ola represiva contra la Iglesia Católica que desató la dictadura de Ortega, y en los primeros ocho meses de 2023 ya alcanzan las 203 agresiones. “Es un año funesto”, dice la investigadora.
Según el informe, 214 religiosos (nuncio apostólico, obispos, sacerdotes, religiosas, diáconos, seminaristas) fueron atacados, amenazados de muerte, difamados, intimidados, e impedidos a realizar su actividad pastoral en Nicaragua.
En los últimos años, el régimen también ha puesto la mira en las propiedades de la iglesia católica. “Trece edificios privados pertenecientes a la Iglesia Católica han sido confiscados por el Gobierno de Nicaragua y en su mayoría convertidos en instituciones públicas”, dice el informe que pone de ejemplo a la Universidad Juan Pablo II, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, “convertida en una universidad sandinista llamada Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés”.
“La dictadura Ortega Murillo ha despojado de su nacionalidad a 19 religiosos, de ellos, dos obispos, 14 sacerdotes, un diácono y dos seminaristas. De los religiosos despojados de su nacionalidad, 17 se encuentran exiliados y dos en Nicaragua (uno encarcelado y uno recluido en una casa de formación ubicada en Managua)”, añade.
Las celebraciones religiosas en las calles también han sido prohibidas. Solo en la Semana Santa pasada se prohibieron 3,176 procesiones en todo el país y ya se da por hecho que la Iglesia no puede manifestarse en las calles.
“Las prohibiciones no han sido plasmadas en un documento oficial de la dictadura, sino que se realizan por medio de visitas policiales a sacerdotes o también utilizan el mecanismo de llamadas telefónicas informando a la alta jerarquía de las prohibiciones”, dice Molina.
“Ahora ya el padre ni siquiera espera que llegue la Policía a prohibirle. Como ya es costumbre que no los dejen salir en procesiones, entonces ya no lo están haciendo”, agrega.
Para la investigadora, la persecución religiosa en Nicaragua es “alarmante” y lamenta que la comunidad internacional no esté poniendo la debida atención a esta tragedia. “Nicaragua se está quedando sin sacerdotes, porque la dictadura busca desaparecer a la Iglesia Católica”, dice.
Además de los sacerdotes presos, 83 monjas y 68 religiosos fueron desarraigados del país ya sea por expulsión (a extranjeros), destierro (a nacionales), prohibición de ingreso o exilio.
Antes de ser detenido, el sacerdote Álvaro Toledo, advertía en misa la crisis que vive la Iglesia Católica por falta de sacerdotes. “Nuestra diócesis se está quedando sin sacerdotes, no tenemos sacerdotes, pedimos a nuestro buen pastor abundantes vocaciones y a ellos estar en sus parroquias”, dijo. “Sin sacerdotes, un pueblo, espiritualmente, está muerto”.
Molina sostiene que hay un plan deliberado de drenar a la Iglesia Católica de sus sacerdotes con el propósito de hacerla desaparecer de Nicaragua. Dice que en algunas parroquias que han quedado sin sacerdotes, elementos paramilitares han manifestado que no permitirán que se reponga por otro. “Eso es grave y ha estado sucediendo en estos últimos días”, lamenta.
Según el monitoreo que mantiene, se sabe que el régimen de Ortega destina al menos a tres agentes por parroquia para la vigilancia de los sacerdotes. Estos merodean, vigilan, intimidan y graban las misas. “Es una vigilancia permanente. Si el evangelio del día toca un tema de justicia, democracia o paz, los paramilitares o los policías dicen ´ah, ya está hablando de política´, lo informan y la Policía llega a visitar y amenazar al sacerdote”, explica Molina.
“Están dejando sin sacerdotes a Nicaragua. Van a desaparecer a la iglesia. Todavía están en ese proceso”, dice y teme que la dictadura de Ortega cierre las casas de formación de sacerdotes “para evitar que sigan naciendo nueva nuevas vocaciones” y se repongan los sacerdotes que ya están faltando.
