El líder del régimen de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, tomaron juramento el miércoles a 30.000 civiles encapuchados, quienes integran una nueva “policía voluntaria” creada bajo una reforma constitucional que consolida el control del poder en manos del matrimonio presidencial. El acto tuvo lugar en la Plaza de la Fe de la capital, Managua, y se realizó en medio de crecientes preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional sobre la naturaleza represiva de este nuevo cuerpo.
Los nuevos “policías voluntarios”, vestidos con camiseta blanca y pantalón negro, participaron en una ceremonia simbólica en la que se comprometieron a apoyar a las fuerzas de seguridad del país. Los civiles que ahora integran este cuerpo fueron reclutados de diversas provincias de Nicaragua y se suman a los ya más de 50.000 hombres y mujeres que componen el “cuerpo auxiliar y de apoyo”. Según la administración, esta fuerza está destinada a respaldar a la Policía Nacional en la preservación del orden y la seguridad, aunque la oposición la considera una herramienta para intensificar la represión política en el país.
Murillo, quien también ocupa el cargo de “copresidenta” según la reciente reforma constitucional, calificó a estos nuevos reclutas de “guerrilleros de la paz”, y subrayó la importancia de la creación de este cuerpo en un contexto de lucha por la seguridad. Sin embargo, grupos de derechos humanos, como la ONU, advirtieron que la formación de esta fuerza guarda similitudes con los grupos armados encapuchados que participaron en la represión de las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos y centenares de heridos.
Reed Brody, uno de los expertos en derechos humanos de la ONU, indicó que la creación de la “policía voluntaria” evoca el “nefasto papel” de los grupos enmascarados durante aquellas protestas antigubernamentales, a las que el gobierno de Ortega calificó como un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos. Los manifestantes, en su mayoría universitarios, levantaron barricadas en las calles que fueron destruidas por estos grupos encapuchados fuertemente armados, lo que dejó un saldo de decenas de muertes y desaparecidos.
Además de la formación de la “policía voluntaria”, Ortega también renovó el mandato del comisionado Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional y consuegro de la pareja presidencial. Díaz, quien asumió el cargo en 2018 durante las protestas, continuará en su puesto por otros seis años, según los términos de la reforma constitucional que también elevó a Murillo a la “copresidencia”. En su discurso, Ortega recalcó la importancia de la unidad nacional y la necesidad de enfrentar los “desafíos” con firmeza, mientras que Murillo expresó que Nicaragua tiene la “fuerza para trascender” cualquier obstáculo.
En el ámbito internacional, la ONU y organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por el carácter autoritario del gobierno de Ortega, que desde 2007, año en el que regresó al poder, ha sido acusado de socavar la democracia y de imponer un régimen cada vez más cerrado y represivo. Desde las protestas de 2018, el régimen de Ortega ha cerrado más de 5.000 organizaciones no gubernamentales y ha encarcelado a cientos de opositores. En respuesta, miles de nicaragüenses han huido al exilio, y el régimen enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.
En este contexto, la creación de esta fuerza de “policías voluntarios” podría ser interpretada como un paso más en el proceso de consolidación de un régimen de control absoluto, donde la represión de cualquier oposición, tanto interna como externa, parece estar en aumento.
