Tegucigalpa. – Contrario al criterio que tienen dirigentes de organizaciones civiles, la coordinadora residente del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Honduras, Alice Shackelford, a través de su cuenta oficial de Twitter, destacó que la Ley para el Funcionamiento de la Junta Nominadora, asegurará mayor transparencia en la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), garantizando candidaturas íntegras.
Shackelford reconoció que la aprobación por parte del Congreso Nacional “es un paso positivo para afianzar el Estado de derecho. En los próximos pasos la veeduría ciudadana será crítica”.
La coordinadora residente de la ONU, considera que se debe seguir trabajando para devolver la confianza en el sistema político y de justicia en Honduras.
Agregó que “la integridad de los candidatos, la separación de los poderes y un proceso transparente son fundamentales para esa confianza en el país y sus instituciones”.
Shackelford precisó que la Junta Nominadora, tendrá la responsabilidad de aplicar la matriz de evaluación, aprobada por la Cámara Legislativa, de forma responsable para asegurar una CSJ íntegra e independiente.
Según el Congreso Nacional, el nuevo marco jurídico aprobado por el Poder Legislativo, viene a modernizar y reemplazar la Ley Orgánica de la Junta Nominadora, con la que se han propuesto los candidatos de los últimos magistrados de las CSJ desde el año 2000.
La normativa fue aprobada en CN casi al filo de la medianoche del pasado lunes 18 de julio, con más de 70 votos a favor y 53 en contra, según registro oficiales.
Cabe señalar que, el debate para su aprobación, se centró en la eliminación de una serie de prohibiciones que restringían a los funcionarios y militantes políticos de participar en el proceso de elección a magistrados de la CSJ.
De los 127 diputados presentes el 18 de julio y la madrugada del 19 de julio de 2022, 73 votaron a favor, mientras que 44 votaron en contra, 10 no votaron, y ningún congresista se abstuvo.
En resumen, la aprobación del artículo 15 de la ley, que fue el más discutido y cuestionado, permitirá que exfuncionarios y funcionarios actuales, magistrados, beneficiados por amnistías políticas y activistas de los partidos políticos puedan postularse a magistrados de la CSJ.
No obstante, la aprobación de la Ley generó un rechazo casi instantáneo. Desde la Iglesia Católica, analistas, la empresa privada y hasta los mismos diputados, coinciden en que todo es “más de lo mismo”, está “a la medida” del partido de gobierno, y no es más que un retroceso para la justicia del país.
