Tegucigalpa – En una decisión que sacude el ámbito judicial, este martes se emitió una orden de captura contra el juez ejecutor Edgardo Arita Argueta, quien enfrenta acusaciones de prevaricato y falsificación de documentos públicos.
Arita Argueta, desempeñándose en su cargo, habría influenciado para que se detuviera la investigación de actos de corrupción en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), específicamente relacionada con el periodo de David Chávez como director (2010-2013), cuando se le investigaba por presuntas irregularidades financieras por un monto de 72.5 millones de lempiras.
La orden de captura, emitida en los tribunales anticorrupción, responde a los señalamientos del Ministerio Público (MP).
La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEEFSSJ) presentó un requerimiento fiscal contra Arita Argueta, acusándolo de prevaricato judicial y falsificación de documentos públicos en perjuicio de la administración de la justicia y la fe pública.
Según la investigación fiscal, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoció un Recurso de Amparo que cuestionaba actuaciones del Ministerio Público relacionadas con una solicitud de nombramiento y juramentación de peritos presentada ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa.
Esta solicitud estaba vinculada a la investigación de actos denunciados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) contra Ángel Armando Cerrato, Magaly Bustillo Streber, José Antonio Elvir Vásquez y José Ovidio Rodríguez.
La Sala de lo Constitucional declaró con lugar el Amparo en 2018, pero en ningún momento ordenó al Ministerio Público cerrar la denuncia, como lo hizo Arita Argueta en octubre de 2023.
Según el criterio fiscal, la actuación del Juez Ejecutor al ordenar el cierre del expediente de forma imperativa es un exceso que extralimita sus facultades, según lo establecido en las sentencias relacionadas.
Este caso pone de manifiesto la complejidad y las tensiones en el sistema judicial hondureño, destacando la importancia de abordar la corrupción desde todas las instancias y velar por el debido proceso en la administración de justicia.
