Tegucigalpa – Jorge Jiménez, presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (JOPRODEH), enfrenta una orden de captura por delitos de estafa y violencia intrafamiliar, cargos que él califica de “canallada” por parte del Ministro de Seguridad.
Esta medida legal se produce en un contexto de tensión, tras las críticas de Jiménez hacia la gestión gubernamental en el caso de cinco jóvenes recientemente asesinados.
El jueves, la justicia hondureña emitió la orden de captura, alegando presunta estafa. Jiménez, quien también es diputado, ha señalado que esta acción viola su inmunidad parlamentaria, ya que debería ser procesado por un juez natural y no en tribunales ordinarios.
“Yo ya había advertido que me podían callar de dos maneras: matándome o judicializándome,” afirmó Jiménez, quien ha sido un crítico vocal de actos de corrupción dentro del gobierno.
En respuesta a las acusaciones de maltrato familiar, Jiménez negó tener familia directa que pudiera ser víctima de tales actos. “No tengo esposa, ni hijo… para que vean ustedes cómo trabaja la Fiscalía,” declaró, sugiriendo que los cargos son fabricados.
Estas acciones legales se desencadenan días después de que Jiménez denunciara públicamente la inacción de la Secretaría de Seguridad en el caso de los cinco amigos desaparecidos y posteriormente encontrados muertos en una zona montañosa de Tatumbla, Francisco Morazán.
Según Jiménez, la Secretaría tenía conocimiento de la muerte de los jóvenes desde el lunes, pero optó por no actuar para evitar opacar el Foro de Sao Paulo.
Jiménez ha anunciado que se presentará voluntariamente ante la Fiscalía para clarificar las razones detrás de la orden de captura, manteniendo su postura de enfrentar las acusaciones y continuar su labor de denuncia contra lo que considera prácticas corruptas dentro del gobierno.
