Ocurrió en la ciudad de Estelí, en el norte de Nicaragua, donde en 2018 fueron asesinados los primeros jóvenes que protestaban en contra del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Por El País
El régimen sandinista juramentó el miércoles 15 de enero a 1.700 “policías voluntarios”, quienes asistieron al acto uniformados con camisas blancas, pantalones tipo cargo y totalmente encapuchados. La juramentación de otros miles también ocurrió en el Departamento de Madriz, también en el norte, y en los próximos días de enero hay programadas otras en las demás localidades nicaragüenses, como parte de la legalización de los grupos paramilitares establecida por la nueva Constitución Política que la pareja presidencial ha impuesto para garantizar la sucesión familiar en el poder.
Además de sepultar las ruinas de la separación de poderes, crear el cargo de “copresidenta” para Rosario Murillo, poder designar vicepresidentes sin pasar por el sufragio popular, entre otras amplias prerrogativas, la Constitución de Ortega y Murillo, ya aprobada en lo general, legitima en su artículo 97 la creación de la “Policía Voluntaria”, que se define como un cuerpo auxiliar de la Policía Nacional. En otras palabras, según organismos de derechos humanos, la legitimación de la fuerza represiva paramilitar que en 2018 fue la responsable de asesinar a la mayoría de las 355 personas sublevadas de forma pacífica contra el régimen.
Ese año, con las calles desbordadas de manifestantes, la Policía –el principal órgano represor– se vio colapsada. De esta manera, la Administración sandinista recurrió a grupos paraestatales para aplacar el descontento. Los reclutados fueron militares sandinistas retirados, civiles y empleados públicos que, con un armamento de guerra– nutrido de fusiles AK-47 y fusiles Dragunov– dispararon a matar a las cabezas, cuello y tórax de los manifestantes. Una masacre que un grupo de expertos de Naciones Unidas ha catalogado como “crímenes de lesa humanidad”. De hecho, a finales de diciembre de 2024, la justicia argentina giró una orden de captura internacional contra Ortega y Murillo por la comisión de esos delitos.
Ante las sobradas evidencias de la actuación paramilitar en coordinación con la Policía Nacional e instituciones estatales en la represión, el comisionado general Francisco Díaz, jefe policial y consuegro de la pareja presidencial, admitió en 2019 que se trataba en la práctica de “policías voluntarios”. Luego de las declaraciones de Díaz, la “copresidenta” Murillo instruyó a la propaganda oficial llamar a los paramilitares como “héroes de la paz” que patrullaban las calles en caravanas de camionetas Toyota Hilux con hombres sobradamente armados.
Durante el acto de juramentación de los nuevos “policías voluntarios” en Estelí, el mismo comisionado Díaz dijo que estaban “orgullosos” de ese paso “de la Policía Voluntaria Comandante Julio Buitrago Urroz”, como ha sido bautizado este cuerpo. “La paz que se disfruta en Nicaragua debe mantenerse y protegerse”, añadió el jefe policial, emulando el discurso de su consuegra. Rosario Murillo defiende a estos paramilitares alegando que lograron desarticular una intentona golpista, sin mencionar que para ello el régimen no sólo ha encarcelado y asesinado, sino que ha desterrado, confiscado, desnacionalizado y perseguido sin descanso a miles de ciudadanos considerados críticos. “Su labor incluye velar por los derechos de las familias, ganarse su confianza y atender las problemáticas que puedan surgir en sus sectores”, agregó el comisionado.
El entrenamiento previo de empleados públicos
La anterior Constitución Política prohibía la existencia de grupos armados al margen de la ley y obligaba al Ejército de Nicaragua a erradicarlos. Sin embargo, la institución castrense, también plegada la represión oficial, jamás lo hizo. Al contrario, estos contingentes se coordinan, a través de la Dirección de Información para la Defensa (DID), para perseguir opositores incluso más allá de las fronteras nicaragüenses, en Costa Rica, donde viven miles de exiliados. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha documentado casos de “represión extraterritorial”.
Así, con la nueva Constitución se autorizó la creación de la “Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo а la Policía Nacional, integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria (…) No pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos en la Constitución, ni grados militares que los establecidos por la ley”.
Aunque en los últimos años han bajado su perfil público, los paramilitares no han cesado operaciones. Siempre operan en coordinación con las fuerzas armadas y siguen secuestrando opositores, ya sea para llevarlos a las prisiones o para desterrarlos a la fuerza, aventándolos en la frontera con Costa Rica.
Durante 2024, el régimen obligó a millares de empleados públicos a recibir entrenamiento militar en varios campamentos clandestinos alrededor de Nicaragua. En ese momento, EL PAÍS documentó casos de maestros y vigilantes desplazados a la fuerza a campamentos para prepararse ante “cualquier intentona golpista”. Un experto en seguridad consultado por este diario asegura que el gran número de “policías voluntarios” que han comenzado a ser juramentado proviene de estos grupos de funcionarios públicos entrenados a la fuerza, so pena de despido o cárcel.
“Los actos que estamos viendo como tal, desde mi punto de vista, tienen una intención de aterrorizar a la población, porque Ortega y Murillo están en un momento crítico de la sucesión dinástica, por los cambios que están haciendo en la Constitución”, plantea el experto consultado por EL PAÍS. “Tienen mucho miedo del descontento de la gente, que cada vez es más profundo y extendido hasta entre sus propios partidarios. Por eso están haciendo estos actos públicos con pompa: los formaron como cuerpo militar y los presentan con pasamontañas. Pero si uno ve las fotografías, detrás de los pasamontañas hay gente que no tiene cara de felicidad. Es muy probable que entre los formados hayan paramilitares convencidos, pero también hay empleados públicos que en meses anteriores estuvieron obligando a los entrenamientos militares”.
La bandera sandinista, nuevo símbolo patrio
La semana había empezado con los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua, todos ellos sumisos al dictado de Ortega y Murillo, aprobando, apartado por apartado, la nueva Constitución Política. Entre más de un centenar de artículos reformados, los legisladores establecieron el miércoles 15 de enero que la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) queda establecida a partir de ahora como un símbolo patrio.
Una decisión simbólica que describe la consolidación “de una dictadura familiar”, en la que desde se segundo génesis, en 2006, cuando Ortega regresó al poder, inició a fraguarse la confusión “familia-Estado-partido”, según críticos de la Administración sandinista. Es decir, la legalización al máximo nivel de una vieja práctica de facto: la bandera de la organización, que tanta discordia causa en Nicaragua, a la par del estandarte nacional, el azul y blanco. El artículo 13 manda que “los símbolos patrios son: el himno nacional, las banderas azul y blanco y la rojinegra de la lucha antiimperialista del General Augusto C. Sandino y de la Revolución Popular Sandinista, y el escudo nacional”.
Desde que Ortega retornó a la presidencia, se criticó que la bandera rojinegra estaba presente en todas las actividades de entidades del Estado, incluso por encima de la nacional. En su momento, Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, llegó a decir “que la rojinegra defendía a la azul y blanco”. Así, durante más de una década, la bandera sandinista ondea en colegios, desfiles patrios, hospitales, ministerios y hasta en la papelería oficial del Estado.
En 2018, la ciudadanía se aferró a la bandera azul y blanco como protesta y resistencia contra la represión. Fue una confrontación simbólica que, hasta el día de hoy, persiste. El oficialismo reivindicaba la sandinista en sus actos y camionetas cargadas de paramilitares armados con fusiles y los ciudadanos ondeaban la azul y blanco, mientras quemaban la rojinegra en las calles. Se cuentan al menos dos casos de protestas en las que, por quemar la bandera sandinista, los agentes del réimgen llevaron a apresar y torturar a opositores.
El primero fue el de Sergio Beteta, quien el 21 de diciembre de 2020 fue arrestado por incendiar la bandera del Frente Sandinista en una calle pública. Beteta fue liberado y desterrado a Estados Unidos, junto a 221 presos políticos más, el 9 de febrero de 2023. Las jóvenes Adela Espinoza, Gabriela Morales y Mayela Campos, quemaron otra bandera Sandinista el 18 de agosto de 2023 en protesta por el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), donde algunas de ellas habían estudiado. Las tres también fueron procesadas y luego desterradas a Guatemala el 5 de septiembre de 2024.
