Por: Gioconda Belli | El PaísHay de sobra pruebas de los desmanes y despojos de su Gobierno, suficientes como para que la comunidad internacional actúe de manera enérgica para demostrar que tiranos de esa ralea no son aceptables en la historia moderna.
Mi país está siendo sometido al terror y a la represión sin medida de una pareja que usa el trillado argumento de los ataques del “imperialismo” y de un supuesto intento de “golpe de estado” para decretar que cualquier ciudadano que se les oponga es aliado de intereses extranjeros. Ortega y Murillo, desde que el pueblo los desafió, alzándose desarmado contra ellos en 2018, han decidido permanecer en el poder a cualquier costo. En 2018 armaron paramilitares, violaron todas las leyes y, sin moderación, decidieron ir “con todo” contra las multitudes de todos los estratos sociales que marcharon pidiéndoles la renuncia por las calles de todas las ciudades de Nicaragua. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Grupo de Expertos de Naciones Unidas, reportaron crímenes de lesa humanidad que llevaron a la muerte a 355 personas, que llenaron las prisiones y obligaron al exilio a cientos de nicaragüenses (un 10% de la población se ha exiliado desde 2018).
Cuando un tema da mucho que hablar, lee todo lo que haya que decir.
Pero eso fue apenas el comienzo del reino de terror que ahora impera. En 2021 cuando debieron realizarse elecciones, Ortega y Murillo descabezaron a los partidos independientes despojándolos de sus personería jurídica y encarcelaron a las siete personas que competían para convertirse en el candidato único de la oposición. Sin competencia, dijeron haber ganado las elecciones e iniciaron un nuevo mandato decididos a extirpar cualquier sesgo de oposición. Más de 3.000 ONGs fueron canceladas, medidas migratorias antojadizas fueron puestas en vigor, e impiden salir a determinados ciudadanos o les niegan arbitrariamente el derecho a regresar a su país. El 16 de febrero de 2023, 94 personas, sin que mediara juicio y sin derecho a la defensa, fueron sentenciadas como traidoras, despojadas de su nacionalidad y condenadas con la confiscación de sus bienes. Doscientos veintidós presos políticos fueron despachados como molesta carga hacia Estados Unidos y también desnacionalizados y confiscadas sus propiedades.
Todas estas personas fueron borradas de los registros civiles y desprovistas de sus pensiones de retiro. Dentro de este número de personas, muchos de la tercera edad, un buen número de ellos protagonistas de la revolución sandinista, se vio de pronto en el extranjero, sin ningún medio de supervivencia.
Dentro de Nicaragua, las personas que el régimen considera opositoras son llevadas presas y condenadas sin apelación. La Iglesia Católica está bajo asedio. Monseñor Rolando Álvarez guarda prisión por negarse a dejar el país y ha sido condenado a 26 años de cárcel. Sólo una vez ha tenido la visita de sus familiares. Las cuentas bancarias de la Iglesia Católica han sido congeladas. Por otro lado, 28 universidades han sido canceladas, entre ellas, la Universidad Centroamericana, regentada por jesuitas desde hace 63 años. Esta universidad fue confiscada en su totalidad y se impidió a sus estudiantes anotarse en otra universidad de su preferencia, la Universidad Americana, de la que es socia el ejército de Nicaragua.
Fundaciones como la Luisa Mercado creada por el escritor Sergio Ramírez para promover la cultura en su ciudad natal de Masatepe, fueron apropiadas por el régimen. Las oficinas de los medios de comunicación, Confidencial y Esta Semana, así como la televisora propiedad de Miguel Mora, 100% Noticias, y el diario La Prensa, fueron usurpados y convertidas en oficinas del Estado. Todos los medios independientes han sido hostilizados y clausurados. Las oficinas y propiedades de otras tantas organizaciones como el Consejo Superior de la Empresa Privada, el Instituto de Desarrollo de las Segovias, la organización feminista La Corriente y cientos más han sido desmanteladas y expropiadas.
Esta semana, el régimen ha procedido a apropiarse de las casas particulares de los ciudadanos declarados apátridas. Es el caso de la mi casa, de la de mi hijo, Camilo De Castro, de la de Moisés Hassan, miembro de la primera Junta de Gobierno de la Revolución Sandinista o la de Norman Caldera, ex-canciller del gobierno del presidente Enrique Bolaños, antecesor de Ortega y otros más.
El régimen de Nicaragua ha usado sus tribunas para insultar a la Unión Europea, al reino de España, a los gobiernos de Chile y de Colombia; se ha retirado de la Organización de Estados Americanos, ha desoído los ruegos del Papa Francisco y hasta expulsado al representante del Vaticano, Monseñor Waldemar Sammertag; se ha negado a brindar credenciales al embajador escogido por Estados Unidos para sustituir al señor Kevin Sullivan.
Sus relaciones internacionales se han encaminado a romper relaciones con Taiwán para acercarse a China, a aliarse con el régimen de Vladímir Putin y oponerse a la condena internacional por la invasión de Ucrania. Ortega ha apuntalado sus relaciones con Irán y Corea del Norte, con Nicolás Maduro de Venezuela y Díaz-Canel de Cuba, todos regímenes negacionistas de la democracia.
Su posición de intransigencia doméstica y de insolencia internacional, han envalentonado a gobiernos como el de El Salvador, Honduras y Guatemala, a imitar su desafío a las reglas de convivencia internacional para exhibir sus abiertas violaciones a los derechos humanos y violentar el funcionamiento democrático de sus países.
Ortega en un cáncer en Centroamérica y América Latina, cuyos desmanes no deben ser tolerados a riesgo de que sienten un precedente funesto. Los países democráticos de América Latina deben romper relaciones con ese gobierno. La Administración de Joe Biden debe expulsar a Nicaragua del Tratado Centroamericano de Libre Comercio, las instituciones financieras deben suspender sus relaciones con el Gobierno de Ortega y Murillo. La tolerancia con ese gobierno es una semilla de autoritarismo que amenaza a las democracias de la región.
Europa y las democracias del mundo que han visto sus llamados a la cordura y al respeto mutuo menospreciados e irrespetados por el gobierno nicaragüense, deben dejar claro que la defensa de la democracia demanda que se aísle a quienes deciden romper con las reglas de convivencia. No se le debe conceder poder y reconocimiento a quienes así abusan de sus funciones y de sus propios pueblos. Ya es hora de dejarse de paños tibios y tomar una posición firme frente a Ortega y Murillo. El futuro de la democracia lo demanda.
Las opiniones expresadas de los “columnistas” en los artículos de opinión, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan la línea editorial de Diario El Mundo.
