El gobierno de Panamá anunció este viernes que comenzará a deportar a los migrantes que ingresan al país por la inhóspita selva del Darién, en la frontera con Colombia, con el fin de frenar la ola migratoria rumbo a Estados Unidos.
“Dentro de nuestras capacidades y presupuesto incrementaremos las acciones para ir paulatinamente y progresivamente aumentando las deportaciones y expulsiones” de migrantes que ingresen de forma irregular al país, señaló la directora nacional de Migración, Samira Gozaine, en rueda de prensa.
En la rueda de prensa los funcionarios también anunciaron que removerán los puntos de control y asistencia a migrantes en los pueblos de acogida del Darién, específicamente en Bajo Chiquito y Canan Membrello, para evitar que se produzca una crisis sanitaria y de seguridad en las comunidades a las que llegan los migrantes.
Además, redoblarán la vigilancia y el control en todos los puntos de entrada al país y habrá más patrullaje marítimo para evitar el tráfico de personas en lanchas desde Colombia.
Según el diario La Estrella de Panamá, también disminuirán el tiempo de permanencia en Panamá en casos de turismo y elevarán la solvencia económica que debe tener una persona para poder ingresar al país. Ambas medidas con las que buscan evitar que los migrantes permanezcan de manera irregular en Panamá.
“El periodo que autoriza el personal de Migración para realizar turismo en el país disminuirá de 90 a 15 días, y transcurrido el periodo deberán pagar multas”, según indició el diario citado, que aclaró que esta medida no aplicará para todas las personas ni todas las nacionalidades.
La solvencia económica, por su parte, pasará de 500 a 1.000 dólares.
Y es que la frontera natural del Darién, de 266 km de largo y 575.000 hectáreas de superficie, se ha convertido en los últimos años en un corredor para los migrantes que, desde Sudamérica, tratan de llegar a Estados Unidos a través de América Central y México.
Según datos oficiales, en lo que va de año más de 348.000 personas han cruzado el Darién, pese a que Estados Unidos ha advertido que no permitirá ingresar a su territorio a quienes entren de manera irregular a Panamá.
De ese total, según Gozaine, desde abril las autoridades panameñas han deportado a 452 personas, una cifra ínfima.
Por tratarse de una jungla tropical llena de trochas, las autoridades panameñas han dicho que es imposible cerrar la frontera del Darién, como han planteado de forma reiterada algunos sectores políticos de este país centroamericano que carece de Ejército.
Panamá recibe a los viajeros en unas estaciones en las que toma sus datos biométricos y les ofrece asistencia médica y alimentación, una operación única en el continente en la que ha invertido en los últimos años casi 70 millones de dólares, según datos oficiales.
Sin embargo, el actual flujo migratorio ha sobrepasado las capacidades no solo de estas instalaciones, creadas en 2015 y que se han ido repotenciado con el tiempo, sino también de los organismos internacionales que se encuentran en Darién.
¿Cómo será la deportación?
Las medidas para contener la ola migratoria, que rigen a partir de esta fecha, “se harán para todas aquellas personas que permanezcan de manera ilegal o pretendan permanecer de manera ilegal en el territorio” panameño, advirtió.
Con este fin, el gobierno panameño está preparando diversas aeronaves y está en proceso de contratación de vuelos chárter para la deportación de migrantes. Según las autoridades, esperan duplicar o triplicar los vuelos de deportación semanales.
El total de migrantes que este año ha ingresado a Panamá por el Darién ya supera en más de 100.000 la cifra de todo el año anterior, cuando 248.000 personas hicieron esa travesía, rompiendo todos los registros migratorios anteriores por la jungla.
En el último mes, un promedio de 2.500 a 3.000 migrantes han llegado al país centroamericano diariamente desde Colombia. Sin embargo, Gozaine reconoció que el gobierno panameño no podrá realizar deportaciones masivas por falta de recursos, por lo que se centrarán en primer lugar en las personas que tengan antecedentes penales.
“Obviamente, tenemos recursos limitados, nos gustaría que si entran 3.000 personas (de manera irregular a Panamá) deportar a las 3.000, pero es imposible, no es operativo”, dijo la funcionaria.
Casi la mitad son venezolanos, aunque también destacan los haitianos, ecuatorianos y colombianos. Además, hay asiáticos, con un número creciente de chinos, y africanos, sobre todo de Camerún.
