Tegucigalpa – La Procuraduría General de La República (PGR), emitió este martes un comunicado donde establece que sus actuaciones en el caso de la compra de hospitales móviles para atender la pandemia en Honduras, solo podrán realizarse a raíz de los hallazgos en la investigación que realizan el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público.
“Ante la posibilidad de que exista razonablemente indicios para deducir responsabilidad penal por acción u omisión de los involucrados en la contratación de los hospitales móviles destinados para atender a la población y las necesidades de salud causadas por la pandemia de la enfermedad Covid-19, dependerá de los hallazgos resultantes en la investigación que realicen el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público”, recalca.
Añade que la Procuraduría General de la República dentro del proceso penal contra los supuestos responsables en la contratación que promueva el Ministerio Público, actuará según sus atribuciones en protección y defensa de los intereses del Estado, y accionará para que se restituyan los bienes y derechos del Estado lesionados.
Resalta que en cumplimiento de su mandato constitucional de representar los intereses del Estado, esa actividad se realiza en articulación e interdependencia con el resto de órganos y entidades estatales, que, de conformidad a las leyes, deban gestionar, administrar, ejecutar y fiscalizar los fondos públicos, de ahí que las acciones judiciales que en tutela de los derechos e intereses estatales deba interponer la PGR son dependientes de la actividad formal que previamente haya realizado cada instancia administrativa, ya sea que se trate de un acto administrativo, contrato administrativo o cualquier otro acto jurídico, que según la naturaleza de la materia, también determine la instancia jurisdiccional competente a la que se deba acudir.
Eso en alusión a la compra de siete hospitales móviles realizada por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), de los cuales dos ya se encuentran en los predios de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) en Puerto Cortés.
Tras el desembarque de los dos hospitales móviles, equipos del Ministerio Público, del Tribunal Superior Cuentas (TSC), Administración Aduanera de Honduras, Consejo Nacional Anticorrupción e Invest-H, se encuentran desde el viernes en Puerto Cortés sin poder inspeccionar los 78 contenedores que traen los insumos, ya que no aparece la documentación con las especificaciones y facturas de la compra.
“Invest-H tiene la obligación legal de informar sobre cualquier incumplimiento en los tiempos de entrega acordados, las especificaciones dadas al contratista o cualquier otro incumplimiento dentro de la relación jurídica establecida”, destaca la PGR.
En caso de que se precise la interposición de las acciones legales en contra del contratista, la PGR requiere que, tras los procedimientos legales de mérito, la instancia administrativa de la contratación emita los actos jurídicos sobre los que se ejercerían las acciones correspondientes.
En ese sentido, el TSC deberá, sustanciando los procedimientos administrativos pertinentes, determinar si existe responsabilidad administrativa o civil para los funcionarios o exfuncionarios que hubiesen inobservado o incumplido los requisitos y procedimientos para la preparación y adjudicación de las compras o suministros pactados; permitiendo con ello, el ejercicio por parte de la PGR de las acciones civiles resultantes de la intervención fiscalizadora constitucionalmente atribuida al Tribunal Superior de Cuentas.
