Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional (PN), Leda Pagán, ha expresado su profunda inquietud ante lo que considera una falta de imparcialidad en el juicio contra el ex presidente Juan Orlando Hernández (JOH) en la Corte Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Pagán ha destacado su preocupación por lo que percibe como un tratamiento desigual en el proceso judicial, señalando un notable desequilibrio en la admisión de objeciones entre la Fiscalía y la defensa.
La diputada ha manifestado su sorpresa al observar que se han admitido más de 100 objeciones por parte de la Fiscalía, mientras que solo se han aceptado alrededor de 10 objeciones presentadas por la defensa. Esta disparidad ha llevado a Pagán a cuestionar la imparcialidad del juez a cargo del caso.
Además, la congresista ha lamentado que durante el desarrollo del juicio se haya permitido la participación de individuos con reputaciones cuestionables, como narcotraficantes y asesinos confesos, para testificar, mientras que se ha denegado la oportunidad de testimoniar a personas respetables que podrían haber aportado de manera positiva al proceso judicial.
En este sentido, Pagán ha expresado su esperanza de que los jurados hayan sido capaces de identificar estas presuntas irregularidades y que el juicio se evalúe con equidad.
Las declaraciones de la diputada Pagán ponen de manifiesto una creciente preocupación en torno a la equidad y la imparcialidad en el juicio del ex mandatario. El caso de Juan Orlando Hernández ha captado la atención a nivel nacional e internacional debido a las acusaciones de narcotráfico y corrupción en su contra.
Hernández enfrenta cargos por presuntamente colaborar con organizaciones criminales, incluidos narcotraficantes, en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses han presentado pruebas y testimonios que sugieren la participación de Hernández en actividades ilícitas durante su mandato como presidente de Honduras. Incluso, su hermano, «Tony» Hernández, fue arrestado en los Estados Unidos en 2018 y posteriormente condenado en 2019 por cargos relacionados con narcotráfico.
Durante el juicio de Tony Hernández, se presentaron pruebas que implicaban a su hermano, el ex presidente, en actividades vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, Juan Orlando Hernández ha negado rotundamente estas acusaciones y ha mantenido su postura de inocencia.
Este caso ha generado un intenso debate político y judicial en Honduras, suscitando preocupaciones en torno a la corrupción y la impunidad en el país.
A pesar de la disposición de las autoridades para colaborar con las investigaciones, el proceso legal continúa su curso tanto a nivel nacional como en los Estados Unidos.
