Tegucigalpa – El conflicto entre el gobierno y la empresa privada de Honduras en torno a la Ley de Justicia Tributaria ha generado un fuerte debate en el país.
Mientras que la presidenta Xiomara Castro ha defendido la iniciativa como un mecanismo para garantizar la transparencia en la ejecución de los fondos y recursos del país, así como para lograr que aquellos que no pagan impuestos lo hagan de manera justa y transparente, la empresa privada ha expresado su preocupación por los efectos negativos que la ley podría tener sobre la economía y el empleo.
La Ley de Justicia Tributaria ha sido una de las iniciativas más polémicas del gobierno de Castro desde su llegada al poder.
La ley busca establecer un sistema tributario más justo y equitativo, eliminando exenciones fiscales para ciertas empresas y aumentando los impuestos para los sectores más ricos de la sociedad.
Sin embargo, la empresa privada ha argumentado que esto podría desincentivar la inversión extranjera en el país y afectar negativamente la economía y el empleo.
A pesar de las preocupaciones de la empresa privada, Castro ha mantenido su postura y ha instado a dejar la corrupción atrás y comenzar procesos más limpios y transparentes.
La lucha contra la corrupción ha sido una de las principales banderas del gobierno desde su llegada al poder, y ha impulsado la derogación de varias leyes que se consideraban permisivas con la corrupción.
A medida que la discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria continúa, sigue siendo incierto cómo afectará la iniciativa a la economía y al empleo en Honduras.
Mientras tanto, el debate sigue siendo intenso y las posiciones se mantienen firmes por ambos lados.
