Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro hizo público el envío del primer pago para la afiliación de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), lo cual marca un hito en la relación del país con esta institución. La mandataria destacó que, por primera vez, Honduras también tendrá representación en la Junta de Directores del CAF.
Sin embargo, la noticia no estuvo exenta de controversia, ya que la oposición política presentó una denuncia ante la Fiscalía contra directivos del Congreso por la publicación en La Gaceta de la adhesión al CAF.
Los diputados del Frente Parlamentario acusan al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y a otros funcionarios, de cometer abuso de autoridad al sancionar y publicar el decreto sin seguir el debido proceso legislativo.
Mientras tanto, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, calificó la denuncia como un “show político” y afirmó que carece de fundamento. Noé Pino asegura que los denunciantes representan a sectores reaccionarios del país y confía en que la Fiscalía actuará conforme a la ley.
Además, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Yahvé Sabillón, acusa a los diputados del Partido Nacional de realizar una insurrección legislativa para obstaculizar la derogación del decreto 116-2019 y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz.
Sabillón señala que algunos diputados nacionalistas están involucrados en el uso indebido de los recursos del Fondo Departamental y buscan evitar que avancen los proyectos que podrían poner en riesgo sus intereses.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) también se pronunció sobre la polémica y afirmó que existe un vicio de legalidad en la publicación de la adhesión al CAF en La Gaceta.
El asesor legal del Cohep, Rafael Jerez, mencionó tres fechas cruciales en el proceso y destacó que la Constitución establece que un decreto aprobado en el Congreso debe ser enviado al Poder Ejecutivo tres días después. En vista de la situación, Jerez sugirió que la única salida podría ser una acción de inconstitucionalidad contra la función parlamentaria.
Esta situación ha generado un ambiente de tensión política en Honduras, mientras el país se prepara para el próximo proceso electoral en el cual se elegirán a las nuevas autoridades para el periodo 2026-2030.
