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Presidente de Joprodeh denuncia al ministro de Seguridad ante Mecanismo de Protección de DD.HH.

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Tegucigalpa – Jorge Jiménez, presidente de la organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh), interpuso este lunes una denuncia formal contra el Ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.

La queja fue presentada ante el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos, acusando a Sánchez de revelar información confidencial sobre las medidas cautelares que protegen a Jiménez.

Durante una visita a la Secretaría de Derechos Humanos, Jiménez explicó que el ministro había hecho públicos detalles que comprometen su seguridad personal, lo que representa una violación a la legislación sobre protección de defensores de derechos humanos.

“El señor ministro personalizó los ataques en mi contra, lo que ha deteriorado mi seguridad y la de mi equipo”, declaró Jiménez a los medios.

Además, Jiménez criticó que, pese a estar bajo protección oficial, él mismo ha tenido que asumir los gastos relacionados con la seguridad, desde el transporte hasta la alimentación y alojamiento de los agentes asignados para su protección. “Cuando viajo, también cubro los viáticos del personal de seguridad”, añadió.

El activista también informó que ha recibido amenazas incrementadas tras las declaraciones del ministro, indicando que la situación ha exacerbado su vulnerabilidad. “Tras las declaraciones del ministro, la cantidad de amenazas ha aumentado significativamente, lo que muestra una escalada en la hostilidad hacia mi persona y mi trabajo”, mencionó.

La Secretaría de Derechos Humanos ha indicado que enviarán una notificación al ministro Sánchez para recordarle sus obligaciones legales de mantener la confidencialidad en casos de protección bajo el mecanismo.

Asimismo, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) ha iniciado acciones de oficio, y se espera que el Ministerio Público tome medidas adicionales una vez concluido el período vacacional.

Jiménez espera que se tomen acciones correctivas y que se respete el derecho legítimo a denunciar sin sufrir represalias. “El Estado debería garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos, no ponerlos en mayor riesgo”, concluyó.

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