Marin Eugen Sabau. Foto: Cortesía.
El caso de un hombre que pide la eutanasia tras sufrir una lesión medular en un tiroteo con la Policía ha abierto un debate inédito en España, entre los límites del derecho a una muerte digna si colisiona con el de las víctimas para que sea juzgado antes de morir.
El hombre está en el Hospital Penitenciario de Terrassa (noreste) en prisión preventiva, acusado de disparar a tres compañeros de trabajo cuando era vigilante de seguridad y a un policía.
Una jueza acordó la semana pasada la eutanasia que solicita este hombre, pues sufrió una lesión medular tras ser reducido a tiros por la Policía cuando estaba atrincherado en una granja abandonada, a lo que se oponen los abogados de las víctimas a las que disparó.
Según explican juristas consultados por Efe, la situación plantea un choque entre dos derechos fundamentales: la eutanasia, entendida como parte del derecho a la vida, y el de las víctimas a la tutela judicial efectiva por un proceso en el que, precisamente, el acusado podría haberles matado.
El abogado penalista Albert Carles Subirats asegura a Efe que ni la ley de eutanasia ni tampoco la de enjuiciamiento criminal prevén limitaciones a la muerte digna, por lo que reconoce la complejidad de la cuestión jurídica.
El letrado detalla que la jueza lo que hace es abstraerse del debate y autorizar la eutanasia amparándose en la “dignidad” del acusado, que sufre una lesión medular intratable que le provoca un gran padecimiento.
Subirats señala que la tutela judicial efectiva también protege el derecho a la vida de las víctimas, cuya integridad vieron en riesgo ante el ataque del que se le acusa, y merecen el reconocimiento de su dignidad.
“Para equilibrar, cuando tienes un conflicto de derechos tienes que buscar una solución proporcional”, satisfactoria para resarcir a todas las partes, apunta.
“Lo correcto sería llegar hasta el juicio”, que puede llevarse a cabo en “un año, año y medio”, añade.
El abogado Alejandro Gámez mantiene que la decisión se debe tomar con “proporcionalidad”, por lo que desaconseja alargar el padecimiento del presunto autor porque el “ensañamiento no compensa la satisfacción que van a obtener” los damnificados.
Gámez destaca a Efe que sobre el acusado recae la presunción de inocencia y cabe la posibilidad de que sea absuelto, en cuyo caso se pregunta de qué habría servido el padecimiento añadido.
El abogado José Antonio Bitos, que representa al policía herido, argumenta que las víctimas tienen derecho “a que se juzguen unos hechos y obtener una sentencia”.
“Un asesino, o presunto en este caso, no puede esquivar ni el juicio ni una condena mediante una eutanasia”, según Bitos, que exige que se paralice la eutanasia.
En su auto, la juez afirma que se “comprende la desazón” de las víctimas, aunque agrega que los damnificados “pueden obtener parcialmente el resarcimiento por otras vías, aunque no obviamente en los términos deseables”.
España se convirtió el año pasado en uno de los pocos países en legalizar la eutanasia, que pueden pedir mayores de edad con enfermedades graves e incurables que conlleven un sufrimiento físico o psíquico intolerable, siempre con el aval de una comisión de médicos y juristas.
EFE
