Tegucigalpa – El sistema judicial hondureño ha dado un paso importante en el caso de presunto fraude relacionado con fondos destinados a la mitigación de desastres naturales a COPECO. Un juez especializado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción celebró una audiencia inicial en la que dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas contra Guillermo Suazo Devis y Francisco Maldonado Aguilar, por suponerlos responsables de fraude en perjuicio de la Administración Pública.
En la misma causa, también se dictó auto de formal procesamiento para Amilcar Rene Girón, Mayra Tosta Appel y Silvia María Zúñiga, quienes figuran como presuntos cómplices en la comisión del mismo delito.
Según la relación de hechos presentada, el Estado de Honduras solicitó un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de 19 millones de dólares para financiar proyectos de mitigación de desastres naturales.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, estos fondos fueron desembolsados por la Secretaría de Finanzas, quedando la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) como la entidad responsable de la ejecución física y administrativa del referido proyecto.
Las investigaciones indican que Lizandro Rosales, quien dirigía COPECO en ese momento, contrató personal de su confianza para administrar y controlar «de manera antojadiza» el proyecto. El 27 de agosto de 2010 inició con la contratación bajo la denominación de «Servicios de Consultoría Individual», y a pesar de que el proyecto no se concluyó en su totalidad, se realizaron pagos completos, contraviniendo lo establecido en el contrato.
Las medidas cautelares impuestas a los imputados están establecidas en el artículo 173 del Código Procesal vigente e incluyen: prohibición de salir del país, obligación de quedar bajo custodia y vigilancia de sus apoderados legales, presentarse periódicamente al juzgado para firmar, y prohibición de asistir a lugares determinados.
El juez programó la audiencia preliminar para el martes 8 de abril a las 10:00 de la mañana, donde continuará el proceso judicial contra los cinco imputados por este presunto caso de corrupción que afectó fondos destinados a la prevención y mitigación de desastres naturales en Honduras.
