Cientos de personas comenzaban a congregarse en distintos puntos de Buenos Aires desde donde marcharán hacia la Plaza de Mayo en la primera manifestación contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei y desafiando el nuevo protocolo de seguridad que prohíbe los cortes de calles.
Por AP
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich ratificó su decisión de impedir los piquetes en la vía pública durante la manifestación convocada por organizaciones sociales y políticas de izquierda que ha movilizado antes de su arranque a cientos de efectivos policiales repartidos en las entradas a Buenos Aires, en las estaciones de trenes y en otros puntos del país donde también habrá protestas.
“Que se manifiesten las veces que quieran, vayan a las plazas… Pero las calles no se cortan. Hoy comienza (el protocolo). No hay que esperar hoy el 100% de éxito, hay que saber que comienza un camino que es sin vuelta atrás”, aseveró la funcionaria al canal de cable Todo Noticias sobre la prueba de fuego que enfrentará el flamante presidente Milei, un economista de ultraderecha que lidera el partido La Libertad Avanza y llegó a la política hace tan solo dos años.
A 10 días de jurar la presidencia, su plan de ajuste para atajar la inflación de más de 161% anual y enderezar la economía ha sido repudiado por políticos opositores, sindicatos, dirigentes humanitarios y organizaciones sociales que agrupan a desempleados y trabajadores precarios.
El plan incluye una devaluación del peso de más del 50%, el despido de empleados públicos, la suspensión de la obra pública y la reducción de los subsidios al transporte y a la energía con el subsiguiente aumento de las tarifas.
La policía patrullaba por la mañana en los accesos a la capital y en las estaciones de tren adonde llegaban los manifestantes desde las localidades cercanas en el marco del nuevo plan de seguridad que habilita a las fuerzas federales a desalojar a los manifestantes que impidan el tránsito de personas o vehicular en forma parcial o total.
Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero (PO) —uno de los principales convocantes a la marcha— afirmó a su llegada a una estación ferroviaria que varios organismos de derechos humanos “están certificando que los compañeros pueden pasar sin ningún tipo de molestia por parte de la policía”.
“Hemos tenido en el día de hoy un operativo digno de una guerra y un estado de sitio en la Argentina contra lo que es una manifestación pacífica… desde la mañana (el gobierno) aterrorizando a la población que, sin embargo, está viniendo masivamente”, dijo Belliboni a periodistas.
El dirigente del Polo Obrero afirmó que los participantes en la protesta se movilizarán por las calles. “Es por donde se moviliza la gente en todos los lugares del mundo… ¿Por dónde vamos a meter 50.000 personas?”.
Políticos, sindicatos y organismos humanitarios que apoyan la marcha han denunciado ante Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el gobierno busca criminalizar el derecho a la protesta y apuntan que éste se encuentra reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.
La movilización se celebra además en conmemoración del 22 aniversario de una protesta en 2001 en contra del gobierno del entonces presidente Fernando de la Rua que dejó decenas de muertos a causa de la represión policial.
En Buenos Aires los manifestantes caminaban en pequeños grupos por las veredas para congregarse a partir de las 16 (1900 GMT) en dos intersecciones de avenidas y trasladarse después a pie hasta la histórica Plaza de Mayo, frente a la casa de gobierno. Mientras tanto, cordones policiales ocupaban dos carriles de circulación en una de las principales avenidas de la ciudad.
En sintonía con las autoridades nacionales, la alcaldía capitalina indicó que los manifestantes no podrán interrumpir el tránsito vehicular, cubrirse el rostro, portar palos o elementos contundentes y movilizarse con niños.
Las medidas con las que las autoridades pretenden mantener el orden en las calles contemplan la identificación de aquellos que las corten, lo que implicará que dejen de cobrar ayudas estatales.
Milei reforzó esta intención posteando en su cuenta de Instagram la imagen de una pantalla informativa en una estación ferroviaria de la capital que advierte “el que corta, no cobra”.
Bullrich señaló por su lado que “va a haber cámaras en toda la ciudad” y “fuerzas policiales con cámaras filmando para luego generar un sistema de identificación”.
El protocolo también permite a las fuerzas federales desalojar a las personas que bloqueen las calles sin contar con una orden judicial argumentando que se trata de un delito flagrante reprimido por el Código Penal.
Buenos Aires es epicentro de protestas regulares, algunas bloqueando las calles durante días, lo que ha motivado una creciente corriente de opinión pública en contra de este tipo de manifestaciones. Una encuesta reciente del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires indicó que 65% de los encuestados está de acuerdo con prohibir los bloqueos. El sondeo tiene un margen de error de 1,5 puntos porcentuales.
El portavoz presidencial Manuel Adorni apuntó en contra de Belliboni y otros dirigentes de izquierda que convocaron a la protesta.
“Todas las organizaciones que están convocando a la marcha son aquellas que efectivamente actúan de intermediarias entre planes (sociales) y beneficiarios. Entendemos que detrás de eso hay un gran negocio. El Polo Obrero maneja una caja de 5.461 millones de pesos (unos 663.000 dólares), siempre extorsionando o maltratando a la gente que necesita los planes”, sostuvo el funcionario.
