Tegucigalpa – Con la reciente publicación en el Diario Oficial La Gaceta del decreto que oficializa la adhesión de Honduras a la Cooperación Andina de Fomento (CAF), la exrectora Julieta Castellanos advirtió que el país enfrentará mayores momentos de confrontación y escasez de consensos.
El documento oficial indica que el gobierno hondureño se convierte en el último país miembro de Centroamérica en integrarse a la CAF, lo que plantea diversos desafíos para su implementación.
Uno de los principales retos que se presentan tras la publicación es la necesidad de cumplir con la cuota de adhesión a la CAF. En este punto, la exrectora plantea una cuestión crucial: ¿de dónde provendrán los fondos para cumplir con esta primera cuota? La modificación presupuestaria, que solo puede llevarse a cabo por medio del Congreso Nacional, requerirá consensos políticos que hasta el momento no han sido alcanzados. La falta de acuerdos sobre este tema podría llevar a una situación de incertidumbre financiera en el país.
Es importante destacar que el acta que aprobaba la adhesión de Honduras a la CAF no obtuvo la mayoría simple de votos (65 votos) en la sesión ordinaria del Parlamento hondureño, realizada el pasado 12 de julio. Esta falta de consensos evidencia la polarización política y la división en el país sobre el tema.
Julieta Castellanos resalta que esta falta de acuerdos y la tendencia hacia la confrontación en lugar de buscar diálogos y consensos solo debilitan la institucionalidad del país. A su vez, expresa su preocupación sobre el funcionamiento del estado de derecho en Honduras, mencionando que en ocasiones se privilegia el “quién es quién” en lugar de aplicar una justicia basada en la norma.
Ante esta situación, el país se enfrenta a un panorama desafiante, donde será necesario encontrar soluciones que promuevan la unidad y el diálogo, permitiendo la búsqueda de consensos para el beneficio del país en su conjunto. El proceso de adhesión a la CAF y la necesidad de afrontar los retos económicos y políticos asociados demandan una gestión responsable y colaborativa por parte de todas las instituciones involucradas. Solo mediante el respeto a la institucionalidad y la promoción de un diálogo constructivo se podrá encontrar una ruta hacia el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del estado de derecho en Honduras.
