Tegucigalpa – La afirmación de la diputada Maribel Espinoza, del Partido Salvador de Honduras (PSH), ha generado un debate significativo en el ámbito político este miércoles. Espinoza planteó la idea de que, hasta que se logren los necesarios consensos para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, el fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, debería asumir temporalmente la titularidad.
Según Espinoza, dado que Sibrián ocupa la posición de fiscal adjunto, sería adecuado que llenara la vacante del fiscal general en caso de no haber un nuevo titular.
El artículo 233 de la Constitución de la República establece que, en caso de ausencia del fiscal general, el fiscal general adjunto asumirá su cargo, aunque no está explícito si esto también aplica al vencimiento del período constitucional de cinco años para el que es elegido.
La diputada Espinoza argumenta que no respetar este proceso sería un atropello a los derechos de Sibrián y una violación flagrante de la Constitución.
Por otro lado, la Ley del Ministerio Público establece claramente que el fiscal general adjunto asumirá temporalmente el cargo del fiscal general en ausencias definitivas o en situaciones de excusa o recusación.
Sin embargo, la legislación secundaria presenta algunas contradicciones. El artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo indica que los funcionarios elegidos por el Congreso Nacional que finalicen su período y no tengan sucesores designados, continuarán en funciones hasta que se realice la nueva elección.
A pesar de esto, expertos como el analista político Joaquín Mejía Rivera sostienen que la supremacía constitucional debe prevalecer sobre las normas secundarias.
Mejía Rivera argumenta que tanto el actual fiscal general, Óscar Chinchilla, como el fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, no deberían continuar en sus cargos, ya que la Constitución establece un período de cinco años sin posibilidad de reelección.
Él propone la aprobación de una reforma constitucional que obligue a los diputados a elegir a los dos mejores candidatos propuestos por la Junta Proponente, para evitar demoras en futuras elecciones de segundo grado.
Mientras tanto, el Congreso Nacional enfrenta desafíos importantes en la elección de los sucesores. Aunque Marcio Cabañas Cadillo ha recibido el respaldo de fuerzas políticas como Libertad y Refundación (Libre), Nacional, Liberal y el Partido Salvador de Honduras (PSH), la falta de consenso mantiene en suspenso la designación de los nuevos líderes del Ministerio Público.
La sesión legislativa convocada para abordar este tema enfrenta obstáculos debido a la necesidad de al menos 86 votos de respaldo.
