Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, señaló este miércoles que los mismos orquestadores para expulsar la finada Misión Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), ahora son lo que andan diciendo que quieren la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) en el país.
“Casi los mismos actores que estuvieron en contra que la MACCIH vinera al país a combatir la corrupción y la impunidad, son los mismos que están diciendo hoy que están a favor de la CICIH”, refirió.
Redondo reveló que de momento no hay ninguna expresión, ni privada ni pública, por parte de la delegación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que vino al país a recoger y ver como estaba la normativa jurídica para la instalación de una comisión anticorrupción.
Arguyó que la instalación de la CICIH, fue una promesa de campaña de la ahora presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
El presidente del Congreso aseveró que desde el Legislativo van a apoyar, reformar y crear leyes que garanticen el combate a la corrupción y la impunidad, además de recuperar todo lo que se han robado las estructuras criminales.
Desde la presidencia del Congreso esperan que la CICIH pueda venir lo más pronto posible ya que se dijo que su llegada al país sería en septiembre, aunque la instalación llevaría un tiempo determinado.
En relación a los señalamientos sobre que es un presidente del Congreso “ilegal”, comentó que los diputados presentan proyectos de ley donde colocan su nombre, Luis Redondo, como presidente del Legislativo.
“En mi despacho me llaman presidente y me dicen: es que esto es político, allá tenemos que decirlo para generar oposición; pero ellos bien que presentan decretos y cobran su sueldo”, recriminó.
Por otro parte, sobre la reforma a la amnistía política presentada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), su mismo partido, dijo que desconoce su contenido, “lo que sí conozco es el que presentó el Partido Nacional para derogar todo el decreto, ambos se tienen que presentar ante el pleno del Congreso”.
“Cuando se presenten se turnará a una comisión especial que investigará y presentará un dictamen ante este poder del Estado”, adelantó.
Aclaró que el decreto no es para amnistías, más bien condena al golpe de Estado 2009 y a la persecución política para distintos actores y no es el Congreso Nacional quien la aplica, es el Poder Judicial.
