Tegucigalpa – La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) emitió un contundente comunicado este jueves, resaltando las deficiencias en la fiscalización del financiamiento de campañas políticas en Honduras y la necesidad apremiante de reformas regulatorias.
En su análisis, la RDD expone la escasa cantidad de regulaciones vigentes en comparación con otros países de la región, evidenciando un panorama desafiante en materia de transparencia y democracia.
En un contexto donde la clase política ha mostrado resistencia a la rendición de cuentas y a la implementación de mecanismos de control más rigurosos, la RDD destaca la falta de regulaciones clave, como la prohibición del financiamiento de actividades ilícitas o la limitación de las contribuciones a partidos y candidatos durante las campañas electorales.
Esta ausencia de marcos legales sólidos ha permitido la infiltración de recursos ilegales en el proceso político, erosionando la integridad del sistema democrático.
Comparativamente, Honduras se encuentra rezagada en materia de regulación electoral en la región latinoamericana, con solo cinco disposiciones legales relacionadas con el financiamiento de campañas políticas.
Esta situación contrasta con países como México, Paraguay, Chile, Argentina y Colombia, que cuentan con entre 12 y 15 regulaciones para garantizar la transparencia en el financiamiento político.
El Informe de Rendición de Cuentas de la Unidad de Política Limpia revela datos preocupantes sobre el incumplimiento de las obligaciones de presentar informes financieros posteriores a las elecciones generales de 2021.
De los 4,879 sujetos obligados, un alarmante número de 1,619 no cumplió con este requisito, lo que evidencia una falta de supervisión efectiva por parte de las autoridades electorales.
Asimismo, el informe señala un alto nivel de gasto no reportado por parte de los sujetos obligados, lo que pone en entredicho la transparencia del proceso electoral.
El monto no declarado, que asciende a L. 262,625,212.74, supera significativamente el presupuesto asignado a instituciones encargadas de combatir la corrupción, como la Secretaría de Transparencia y el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Ante esta realidad, la RDD hace un llamado urgente a la implementación de una legislación más efectiva, el fortalecimiento de las organizaciones electorales, la independencia y eficacia de los órganos de control estatales, así como la aplicación de sanciones disuasivas contra los infractores.
Además, subraya la importancia de la participación ciudadana en la exigencia de transparencia y la defensa de la integridad del proceso democrático.
