Tegucigalpa – En declaraciones realizadas este lunes 31 de marzo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Obando, amplió el concepto tradicional de corrupción judicial, señalando que este flagelo no se limita únicamente al soborno monetario.
«La corrupción no solo es recibir dinero, es guardar un expediente y tenerlo uno o dos años allí sin resolver, eso es justicia, no lo es», afirmó Obando, haciendo énfasis en que la dilación intencional de los procesos constituye también una forma de corrupción que afecta gravemente el sistema de justicia hondureño.
La magistrada reveló que los recientes traslados de personal dentro del Poder Judicial responden a situaciones donde se ha detectado que algunos funcionarios «no están cumpliendo con sus funciones» o existen «voces disonantes» sobre posibles actos de corrupción en determinadas dependencias.
Sin embargo, Obando expresó su frustración ante las limitaciones que impone la actual Ley de la Carrera Judicial, la cual no permite la suspensión inmediata de jueces sobre quienes pesan sospechas de actos ilícitos. Según explicó, la normativa vigente exige la realización de un antejuicio como requisito previo para poder presentar pruebas que justifiquen la eventual suspensión de un juez.
La funcionaria calificó esta normativa como «arcaica» y cuestionó la injusticia que representa para la ciudadanía ser juzgada por personas que han perdido credibilidad debido a sospechas de corrupción. «¿Cómo quieren que cambiemos de justicia si los mismos jueces que han estado entronados en sus nichos?», cuestionó la presidenta de la CSJ, sugiriendo la necesidad de una reforma legal que permita procedimientos más ágiles y efectivos para combatir la corrupción dentro del sistema judicial.
Estas declaraciones ocurren en un contexto donde el sistema de justicia hondureño enfrenta continuos cuestionamientos sobre su independencia y efectividad, mientras diversos sectores de la sociedad reclaman una reforma integral del Poder Judicial.
