Al menos 4.000 personas apresadas durante la invasión continúan en cautiverio, sin paradero conocido, asistencia legal, causa abierta o posibilidad de intercambio como presos de guerra.
Por El País
Uno de los agujeros más negros de la invasión de Ucrania encierra a miles de civiles en prisiones secretas rusas, sin cargos, sin derechos, sin casi identidad. En un limbo que contraviene el derecho internacional de principio a fin. Uno de estos reos se llama Igor Steblevski. Su historia es estremecedora. La cuenta su hijo, Roman, de 38 años. Lo hace despacio, serio, escéptico e incrédulo. Steblevski, su padre, vivía en Hostomel junto a su mujer, a unos 30 kilómetros al noroeste de Kiev, la capital ucrania.
El Centro para las Libertades Civiles (CLC), galardonado el pasado año con el Nobel de la Paz, ha podido documentar el encierro en cárceles rusas de 4.000 civiles ucranios, apresados desde el inicio de la ofensiva rusa. Estiman que la cifra puede ser mucho más elevada. El comisario para los derechos humanos ucranio, Dmitro Lubinets, eleva ese número hasta los 20.000.
La ruta hacia este agujero negro comienza con la detención de un ciudadano ucranio por parte de militares rusos durante la ocupación. Generalmente se le acusa de poner en riesgo sus operaciones. Se le manda a un “campo de filtración”, centro en el que se le registra e interroga. De ahí es trasladado a un penal ruso, normalmente a través de la vecina Bielorrusia, sobre todo en el caso de aquellos que, como Steblevski, fueron detenidos en el centro del país. Y se echa la llave. Entran en un limbo de la guerra.
La primera gran dificultad para las familias de los detenidos es saber si están vivos y dónde. Roman lo intentó todo desde que dejó de comunicarse con su padre. Este ingeniero de formación, al frente de una empresa de vidrios en Vishneve, al suroeste de Kiev, zona a la que no llegaron los rusos, recuerda que hablaba una vez por semana con él. “Los francotiradores”, dice desde su oficina, “disparaban a los que veían con móviles”. Ahora muestra en su teléfono las fotos de los daños que aquel mortero que alcanzó a Shevchenko ocasionó en la vivienda de Hostomel, un tercer piso en una zona residencial.
Contactó con los vecinos, con voluntarios del municipio; buscó por las redes, denunció la desaparición en los organismos de búsqueda, ONG y policía. Le costó 10 días reconstruir lo sucedido, que su padre trató de ayudar a su pareja, que les separaron cuando ella estaba herida de gravedad y nunca más se volvieron a ver. Roman prefiere no proseguir con la historia de Shevchenko por respeto a la madre de ella, muy mayor y que aún espera noticias.
Durante semanas siguió y siguió preguntando. Se movió para saber si algunos de los liberados habían visto a su padre. Así fue. Hasta dos personas que fueron puestas en libertad. ”Una de ellas me dio detalles de mi padre que solo podía saber si hubiera compartido celda con él”, apostilla. Le contaron que habían coincidido con Steblevski en una prisión rusa de Briansk, a unos 380 kilómetros al suroeste de Moscú. En ese mismo penal es donde el CLC cree, según sus datos, que ha estado en algún momento el padre de Roman. Ahora desconocen su paradero. Aquel penal fue reformado y los presos, posiblemente, trasladados.
Mijaílo Savva, doctor en Ciencias Políticas de 54 años y de origen ruso, sabe cómo es una de esas cárceles. Pasó en una prisión de Krasnodar ocho meses por la defensa de los derechos humanos. Y eso en Rusia tiene castigo. Hoy, refugiado en Ucrania desde 2015, Savva es miembro del Consejo de Expertos del CLC. Afirma que lo que hacen para obtener información sobre estos presos y trabajar en su liberación es presionar a través de sus abogados en territorio ruso, exprimir la ley, respetar ese marco legal y sus grietas e introducirse. “Rusia no puede negar la existencia de los derechos humanos y aprovechamos esa brecha”. Lo dice de otro modo: “Tienen que tenernos miedo, miedo a torturar”.
Un ejemplo para entender esto es el del español Mariano García Calatayud, de 75 años. “Enviamos 50 solicitudes, literal, y solo contestaron a una. Fue la Fiscalía de Crimea [península ucrania bajo ocupación], el pasado abril”. La respuesta decía que García Calatayud estaba detenido por poner en peligro la seguridad de Rusia. Este valenciano, del municipio de Carlet, llevaba ocho años trabajando en la provincia de Jersón en la asistencia de niños desplazados por la guerra en el este que comenzó en 2014. En marzo de 2022 participó en una manifestación contra la ocupación rusa que le costó el arresto.
Como cuenta Savva, la autoridad fiscal rusa mantiene que siguen con las pesquisas. “El derecho internacional no prevé que algo así dure un año y medio”, afirma. Pero al reo español le ocurre lo mismo que al resto. “Si hubiera finalizado la investigación y hubiera una causa abierta”, continúa Savva, “tendría derecho a que le asistiera allí un abogado”. Y no es lo que sucede. De nuevo, el limbo: ni son presos de guerra, ni detenidos bajo acusación firme. Muchos creen que simplemente son rehenes de la guerra del Kremlin.
García Calatayud está en una prisión de Simferópol construida el pasado otoño. No porque lo dijera la Fiscalía rusa, sino debido a que exreclusos de ese penal han dado prueba de ello. Dicen que es uno que habla español, que lo hace muy alto, dice muchas palabrotas… “También han contado”, prosigue Savva, “que tiene cicatrices, moratones, que le pueden haber pegado… a sus 75 años”. El CLC sostiene que la presión de España contribuiría a la causa. El Ministerio de Exteriores español manifestó tras tener noticia del arresto de García Calatayud que sigue el caso y está en contacto con la familia.
