Tegucigalpa – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha emitido una resolución de gran relevancia al declarar inconstitucional cinco artículos del Decreto Legislativo 93-2021, que abordaba reformas al Código Penal y a la Ley Especial contra el Lavado de Activos.
En un comunicado oficial, la CSJ destacó que los artículos 1, 2, 3, 6 y 9 del mencionado decreto fueron declarados inconstitucionales debido a razones de forma y de contenido. Esta decisión representa un paso importante en el sistema judicial de Honduras y será remitida al Pleno de Magistrados para su revisión y resolución final.
El director de la unidad de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la Sala de lo Constitucional dictó la sentencia de inconstitucionalidad mediante una resolución alcanzada por mayoría de votos.
Uno de los artículos cuestionados, el artículo 9, abordaba la interpretación del artículo 274 del Código Procesal Penal en relación con las solicitudes de información a instituciones financieras. La interpretación exigía que estas instituciones fueran requeridas solo bajo orden judicial, lo que generó controversia.
Esta decisión ha generado un amplio debate, ya que recientemente el Congreso Nacional había reformado el decreto 93-2021 en medio de acusaciones de otorgar pactos de impunidad y protección a actos de corrupción a través del lavado de activos y el secreto bancario.
La resolución de la CSJ se convierte en un importante punto de inflexión para la lucha contra la corrupción y la transparencia en el país.
Es fundamental destacar el impacto que esta sentencia puede tener en el combate contra la corrupción y cómo puede sentar un precedente para futuras decisiones judiciales en el ámbito legislativo.
La declaración de inconstitucionalidad de estos artículos es una muestra del compromiso del sistema judicial en proteger el estado de derecho y garantizar la legalidad en el país.
La sociedad hondureña estará atenta a la resolución final y las consecuencias que esta decisión pueda acarrear en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.
