Tegucigalpa. – Diputados del Partido Nacional criticaron la entrega de un nuevo subsidio de 100.000 lempiras a los legisladores de Libertad y Refundación (Libre) este lunes.
La entrega del subsidio -al que la contraparte se refirió como “bono” y “despilfarro”- se produce en plena Semana Santa, levantando sospechas.
El Partido Nacional emitió un comunicado afirmando que la información era “Un hecho que, de ser cierto, deja al descubierto el aprovechamiento y el abuso en el manejo de fondos por parte de la junta directiva ‘ilegal’ del Congreso Nacional”.
Ni en Navidad ni durante el actual feriado de Semana Santa, continuaron, “ninguno de nuestros diputados (ya sean titulares o suplentes) recibió estos fondos”.
El líder de la bancada nacionalista, José Tomás Zambrano, aseguró que la directiva podría estar utilizando el subsidio como un “mecanismo de chantaje” para presionar a diputados afiliados a otros partidos políticos.
Zambrano aseguró y pidió que publiquen la lista de beneficiarios y las liquidaciones correspondientes en los portales de transparencia, diciendo que la junta “ilegal” quería apresar a diputados no gubernamentales para chantajearlos y pedirles ayuda para aprobar decretos.
La mesa directiva del Congreso Nacional, que preside el diputado del Partido Salvadoreño de Honduras (PSH), Luis Redondo, decidió otorgar el subsidio.
Sin embargo, congresistas libres garantizan que el subsidio se utiliza para que los diputados “puedan proyectarse” y que se trata de un mecanismo “acordado por las distintas bancadas políticas”.
Según Francis Cabrera, diputado de Libre, “No es un bono, no es algo para que los diputados disfrutes, es más bien para que puedan proyectarse con sus comunidades, que uno pueda dar respuesta a quienes necesitan dinero, medicamentos o cualquier tipo de ayuda”.
Un subsidio similar fue entregado por la Junta Directiva Legislativa el 9 de diciembre de 2022, a pocas semanas de Navidad. Los diputados del Partido Libre y Liberal la aceptaron, mientras que los diputados del Partido Nacional y del PSH se opusieron.
En esa oportunidad, los directivos del Congreso Nacional argumentaron que los diputados tenían el deber de liquidar los fondos a más tardar 30 días después de la entrega.
