Tegucigalpa – El análisis preliminar realizado por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) revela que seis de cada 10 hogares en el país se encuentran en situación de pobreza, según el informe presentado recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
No obstante, el Fosdeh destaca que la evaluación del índice de pobreza de 2021 a 2023, aunque presentado oficialmente, no es técnicamente apropiado debido a que el año 2021 estuvo marcado por medidas restrictivas relacionadas con la pandemia de Covid-19, lo cual lo hace atípico en cuanto a la actividad económica.
El informe resalta la importancia de considerar que la medición de pobreza se basa en ingresos (pobreza monetaria) y que gran parte de la población se encuentra en la categoría de cuentapropista o depende del mercado informal, lo que hace que sus ingresos estén directamente vinculados a la actividad comercial o económica.
Las restricciones de movilidad durante la pandemia contribuyeron a la disminución de ingresos en estos sectores, aumentando la pobreza.
En este contexto, el Fosdeh sugiere que el comportamiento observado de 2021 a 2023 es coyuntural y no debería ser la esencia del análisis, ya que se espera que, con la reactivación económica, la pobreza tienda a disminuir.
Sin embargo, señala que, bajo condiciones relativamente normales de actividad económica, la sociedad hondureña no ha logrado reducir la pobreza, caracterizándola como estructural y persistente.
El informe destaca la ausencia de datos correspondientes a 2022 y enfatiza la importancia de estar atentos a la medición del 2024 para evaluar la eficiencia de las políticas implementadas.
Además, hace un llamado a los tomadores de decisiones para que utilicen estos datos como insumo fundamental en la propuesta y desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia.
Entre las consideraciones y propuestas adicionales, el Fosdeh insta a lograr una eficiente prestación de servicios públicos, generar ambientes propicios para la inversión privada, mejorar la inversión pública productiva, y establecer políticas que fomenten la transparencia y el combate a la corrupción.
