Tegucigalpa – El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, ha emitido una advertencia contundente dirigida a los funcionarios públicos del gobierno en Honduras que estén considerando participar en campañas políticas.
Según sus declaraciones, aquellos empleados gubernamentales que se involucren en actividades políticas durante el ejercicio de sus funciones enfrentarán la destitución de sus cargos.
Enfatizó que la neutralidad de los servidores públicos es fundamental para garantizar la imparcialidad y la transparencia en el proceso electoral.
Subrayó que, si bien todo ciudadano hondureño tiene el derecho legítimo de aspirar a un cargo de elección popular, es imperativo que los funcionarios gubernamentales se mantengan alejados de cualquier actividad partidista mientras ocupen cargos públicos.
El ministro Pastor de María hizo hincapié en que la presidenta Xiomara Castro ha solicitado a los funcionarios públicos que tomen una decisión clara y definida: permanecer en sus puestos actuales o renunciar para dedicarse por completo a la campaña política.
Señaló que aquellos que permanezcan en el gobierno tienen la responsabilidad de no distraerse con actividades relacionadas con la campaña electoral, ya que deben cumplir con sus deberes y responsabilidades gubernamentales de manera diligente.
En ese sentido, se ha establecido un plazo hasta el 1 de abril para que los funcionarios públicos tomen una decisión y firmen un memorándum en el que especifiquen si desean continuar en sus cargos o si optan por aspirar a un cargo de elección popular.
Este enfoque busca garantizar la separación adecuada entre las labores gubernamentales y las actividades políticas, preservando la integridad del proceso democrático.
El ministro recordó ejemplos anteriores, como el caso del exmandatario Manuel Zelaya Rosales, quien renunció a su cargo en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) durante el gobierno de Carlos Flores debido a sus aspiraciones presidenciales.
Estos precedentes destacan la importancia de mantener la neutralidad y la integridad en el servicio público, asegurando que los intereses partidistas no interfieran con la gestión gubernamental.
