Miami. – Después de su 76ª Asamblea General, celebrada de forma virtual del 21 al 23 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación “sobre proyectos legislativos o decretos anunciados con el argumento de sancionar la difusión de noticias falsas “en ciertos países de Centroamérica tales como Nicaragua, Panamá y El Salvador, donde según el organismo seccionan las libertades de expresión y de prensa.
De acuerdo con un comunicado publicado el lunes (26 de octubre de 2020), estos países “instauran barreras para los espacios de libertad de prensa y libertad de expresión, recogidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La SIP, además pidió a los Estados que “hagan suya la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital”, que establece en su décimo artículo que: «La desinformación no se debe combatir con mecanismos de censura ni sanciones penales, sino con la adopción de políticas de alfabetización noticiosa y digital» y alienta a los intermediarios tecnológicos a «adoptar medidas de autorregulación para prevenir la diseminación deliberada de desinformación».
El orteguismo controla ocho canales en Nicaragua, mientras la prensa privada e independiente hace lo propio con dos, hoy bajo la mira fiscal.
Las conclusiones alcanzadas por la institución buscan crear conciencia sobre la impunidad que rodea a la mayoría de los crímenes contra periodistas, entre los que destacan asesinatos, restricciones al ejercicio de la profesión, persecución y estigmatización.
Restricciones en Centroamérica
En el caso de Nicaragua emitió su resolución sobre el proyecto de «Ley Especial de Ciberdelitos», que castiga entre dos y cuatro años de cárcel a quien, desde la perspectiva del Gobierno, difunda información falsa en el ecosistema digital y provoque temor o zozobra en la población.
La institución instó a los Estados a abandonar el uso de mecanismos de vigilancia digital, los que de acuerdo con ella, vulneran “las libertades y la privacidad de los ciudadanos, tal como consigna la Declaración de Salta en su séptimo artículo”.
En cuanto a El Salvador, el organismo con sede en Miami, exigió que la administración del presidente Nayib Bukele abandone sus “mecanismos de propaganda y acoso a los periodistas en las redes sociales y plataformas digitales a través de trolls y bots manejados por sistemas de seguridad o inteligencia del gobierno”.
En los últimos día organismos locales como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) e internacionales como el Centro Wilson han hecho públicas sus preocupaciones por diversas señales que muestran un deterioro en la libertad de prensa de ese país.
Finalmente, en el caso de Panamá, SIP emitió su resolución para los proyectos de reforma al Código Electoral, los que buscan castigar las “noticias falsas y la desinformación”, así como otra iniciativa que sanciona a los usuarios de las redes sociales que “publiquen información que afecte a terceros”.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de mil 300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami.
