Tegucigalpa. – El profesional del derecho, Fernando Gonzáles, consideró que la llegada de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), podría quedar como “leyenda urbana o un cuento de sirenas”.
Arguyó que eso es así “porque estamos a 90 días para que se cumpla el primer año de gobierno de Xiomara Castro, pero aún no se cuaja esa promesa de campaña la cual se ve como inalcanzable”.
La venida de la CICIH al país pasa por cambios efervescentes para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dé el visto bueno para la instalación de dicha Comisión Internacional.
“Lejos de que Honduras debe buscar el financiamiento internacional para la CICIH, se deben haber algunos cambios como legalizar la Junta Directiva del Congreso Nacional, aunque esta goza del reconocimiento, pero no de legalidad”, sostuvo el abogado.
González reiteró que la promesa de campaña de instalar la CICIH en el país, no llegaría lejos, porque se está a 90 días o el 25 por ciento del mandato de Xiomara Castro y aún no termina de cuajar.
Explicó que se tendría que eliminar el decreto de Amnistía Política para que la CICIH venga a escudriñar los seis meses de gobierno de Roberto Micheletti, los cuatro años de Porfirio Lobo y los ocho años del presidente Juan Orlando Hernández, pero en los tres años y medio que estuvo el gobernante Manuel Zelaya no se van a investigar, y ante esa seccionalidad el organismo anticorrupción no podría venir fraccionado.
Cabe señalar que, luego de que una misión técnica compuesta por representantes de al menos cinco dependencias de las Naciones Unidas explorara el contexto hondureño y las necesidades de combatir la corrupción e impunidad, han trascendido públicamente dos memorandos de entendimiento para el establecimiento de la CICIH.
El primero, con autoría atribuida a la secretaría de las Naciones Unidas, y, el segundo, al Gobierno de la República. Entre ambos hay similitudes en su contenido, pero en lo sustancial hay profundas diferencias, las cuales son tan marcadas que al final se convierten en dos propuestas de naturaleza irreconciliables en cuanto a la modalidad y a la finalidad misma de cada una.
En resumen, la propuesta de las Naciones Unidas es contar con una CICIH con autonomía para constituirse en acusador privado independiente del Ministerio Público, mientras que la del gobierno es contar con una CICIH que acompañe al Ministerio Público bajo la figura de querellante adhesivo. Las diferencias entre una y otra facultad son determinantes para la finalidad que se busca.
