Washington. – El gobierno de Donald Trump castigará a los inmigrantes que usan fondos públicos o amenacen con convertirse en carga pública, siendo una de las medidas más fuertes hasta ahora para detener la inmigración legal, según informó este lunes el portal de Univisión Noticias.
En una versión anterior de esta nota, se indicaba erróneamente que el gobierno negará ciudadanía a quienes usen beneficios públicos.
La norma fue incluida en la regla final de Carga Pública que fue anunciada en octubre en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) y entrará en vigor a los 60 días de ser publicada contados a partir del 14 de agosto.
La regla final incluye un requisito de que los extranjeros que buscan una extensión de estadía o el cambio de estatus demuestren que no han solicitado la asistencia pública del gobierno desde que obtuvieron el estado migratorio de no inmigrante que buscan extender o cambiar, y tampoco recibieron beneficios públicos.
La nueva medida denegará a los solicitantes de residencia legal permanente y otros beneficios de inmigración, como visas, si usan asistencia alimentaria tal como cupones de vivienda u otras formas de bienestar público.
La noticia se conoce a primera hora de este lunes, poco antes de que el director interino de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), Ken Cuccinelli, diera una conferencia de prensa para anunciar la nueva regla.
En mayo Univision Noticias había reportado que el gobierno de Trump planeaba crear las bases para poder deportar fácilmente a inmigrantes legales permanentes, un nuevo esfuerzo enmarcado dentro de la política de “tolerancia cero”.
La semana pasada POLITICO reportó que los nuevos planes del gobierno no solo apuntaban a castigar a los residentes legales, sino también a permitir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “prohíba” a los inmigrantes legales obtener la Green Card en esos casos.
Carga pública
La regla de carga pública propuesta por el DHS en octubre, y cuya versión final se encontraba en suspenso, establece que los agentes de la USCIS tomarán decisiones sobre la base de los méritos de cada caso en particular, y a cada requisito asignarán una puntuación que solo concederá dos opciones: negativo o positivo.
Es decir, si por ejemplo un ciudadano pide la residencia legal permanente de un padre, el gobierno analizará toda una gama de factores entre ellos: edad, estudios, profesión, estado de salud, si tiene o no seguro médico, situación financiera del hijo ciudadano que lo pide, evaluación de familiares inmediatos, establecerán si existe una amenaza de que en el futuro cercano se convierta en carga pública temporal o permanente, ingresos, enfermedades y/o estado físico, entre otros factores.
La suma de los valores positivos y negativos será lo que determinará si el agente autorizará el beneficio migratorio solicitado o lo rechazará por no apegarse al reglamento.
Bajo el actual reglamento, el gobierno prohíbe beneficios a los inmigrantes que han solicitado ayudas públicas si la USCIS determina que, probablemente, dependerían de la
asistencia pública en efectivo o que necesitarían atención médica a largo plazo a cargo del gobierno.
Clima de incertidumbre
El anuncio de la publicación de la regla final genera incertidumbre en la comunidad inmigrante, sobre todo por las consecuencias que tendrá en la inmigración legal. “Lo feo de todo esto es que no sabemos por ahora si, cuando haya una determinación de que un inmigrante puede convertirse en carga pública y le nieguen el trámite de la green card, si habrá opciones para apelar la decisión”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.
“Necesitamos conocer cuáles serán, si es que las hay, las opciones, como por ejemplo devolver la totalidad de la ayuda solicitada legalmente e intentar cancelar la determinación”, agregó.
Gálvez dice además que “tampoco está claro si cuando se revierta una determinación el gobierno volverá a aceptar una petición y aprobarla, o si cuando la niega la primera vez se trata de una decisión final”.
El abogado también expresó “preocupación” por aquellos casos donde el inmigrante solicita una ayuda estatal y no federal.
“Hay estados santuario que otorgan asistencia a los inmigrantes legales debido a que el gobierno federal niega cualquier tipo de beneficio público a los inmigrantes”.
Bajo el actual reglamento, el gobierno prohíbe beneficios a los inmigrantes que han solicitado ayudas públicas si la USCIS determina que, probablemente, dependerían de la
asistencia pública en efectivo o que necesitarían atención médica a largo plazo a cargo del gobierno.
