Ucrania elevó este jueves la cifra confirmada de niños deportados por Rusia a 19.540, más de 3.000 más de los que había informado previamente, indicó el defensor del Pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets.
“En la actualidad hay más de 19.540 niños ucranianos deportados oficialmente confirmados. Si retornamos a un niño cada día, necesitaremos 55 años”, señaló en una conferencia sobre derechos humanos, según recoge la agencia Ukrinform.
Lubinets recalcó que mientras tanto Rusia “continúa deportando a más y más grupos de niños ucranianos de nuestro territorio todos los días”.
De acuerdo con el defensor del Pueblo ucraniano, hasta el momento el Estado ha logrado que 522 niños regresen a su país, de los que 387 fueron deportados por Rusia.
“Teniendo en cuenta la última devolución de niños, que tuvo lugar ayer, hemos conseguido devolver a 522 niños ucranianos, de los cuales 387 fueron deportados ilegalmente al territorio de la Federación Rusa”, explicó.
Un nuevo grupo de ocho menores ucranianos de zonas ocupadas que habían sido deportados a Rusia han regresado a territorio controlado por el Gobierno de Kiev gracias a la mediación de las autoridades de Catar, según confirmó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su discurso a la nación de anoche.
Lubinets denunció que de forma extraoficial le consta que Rusia a menudo cambia los nombres de los niños deportados y su fecha de nacimiento, lo que hace difícil encontrarlos.
En noviembre medios independientes rusos como Historias Importantes y la cadena británica BBC afirmaron que el líder del partido oficialista Rusia Justa, Serguéi Mirónov, había adoptado una niña ucraniana de diez meses que desapareció en 2022 de un hogar para menores de la región sureña de Jersón.
La niña se llamaba Margarita Prokopenko, según la investigación, y ahora tiene el nombre de Marina Mirónova, si bien el diputado ruso ha negado los hechos y ha acusado a los servicios secretos ucranianos y occidentales de difundir noticias “falsas” para desacreditar a patriotas rusos como él.
La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya dictó en marzo de este año dos órdenes de arresto contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y contra su comisionada para la protección de la infancia, María Lvova-Belova, por la deportación ilegal de menores ucranianos, una práctica prohibida por las convenciones internacionales.
El Gobierno ruso justifica estas prácticas en la necesidad de poner a salvo a estos menores.
