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Uferco cuenta con más de 100 líneas de investigación que involucran a funcionarios del gobierno actual

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Tegucigalpa. – Luis Javier Santos, quien lidera la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco), instituto opina que si hubiera voluntad política en el país, “mañana mismo estuviera instalada la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH)”.

El emblemático fiscal lamentó que de todos son conocidas las condiciones para la instalación de la comisión anticorrupción, pero las mismas no han sido acatadas en el Congreso Nacional.

“No vemos voluntad política, hemos escuchado de los exponentes que si hubiera voluntad política mañana si quisiera ya se pudiera instalar una Comisión Internacional”, señaló.

Agregó que “si en el discurso se dice que la corrupción es un cáncer se debe tratar como tal, como una enfermedad terminal, de manera urgente, y eso no se está haciendo”.

Santos mencionó que aún no se han transcurrido los seis meses estipulados en el memorándum de entendimiento para proceder con la firma del convenio de instalación de la CICICH.

En torno al papel del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), señaló que “es un elefante blanco”.

Señaló que en dicho ente fiscalizador se han registrado miles de denuncias por actos de corrupción, y detalló que solo en el caso del Fondo Departamental de heno más de 200 ONG involucradas, “no sé cuántos informes han llegado al Ministerio Público sobre el caso”.

“El Tribunal de Cuentas no sé a qué le está apostando, realmente no ha sido capaz de desempeñar el papel que constitucional tiene para fortalecer las investigaciones del Ministerio Público”, cuestionó.

Desveló que en la Uferco hay más de 100 líneas de investigación en curso, relacionadas con casos de diversa índole que involucran a altos funcionarios, incluyendo algunos del gobierno actual.

“Las redes de corrupción no desaparecen con los cambios de gobierno, hay redes de corrupción que están activas dentro del Estado y en actúan en plena impunidad”, acotó.

Recalcó que no basta con emitir un decreto para fortalecer las unidades anticorrupción, sino que es esencial proporcionar el personal y el equipo adecuados, y otorgarles las funciones necesarias para llevar a cabo investigaciones de forma independiente, “debería llevarse ese discurso a la práctica”, apuntó.

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