Tegucigalpa – La Sala II del Tribunal de Sentencia emitió hoy una sentencia contundente en el caso de la organización criminal conocida como Los Cachiros, condenando a Jessica Paz Castellanos y Juan Paz Villanueva a 13 años de reclusión por el delito de lavado de activos agravado.
La sentencia también impone multas millonarias para cada uno de los condenados, superando los 400 millones de lempiras, y ordena el comiso de más de 200 bienes, incluyendo inmuebles, vehículos y cuentas bancarias, según informó una fuente del Poder Judicial.
En este proceso judicial, el Tribunal de Sentencia Nacional declaró absueltos a Elida Paz, Denis Paz y Vilma Paz por los delitos de lavado de activos y asociación para lavar activos. Por su parte, Juan Paz y Jessica Paz fueron absueltos por el cargo de asociación para lavado de activos.
Este emblemático caso, conocido como «Operación Fortuna», se llevó a cabo con la ejecución de 11 allanamientos y la aplicación de medidas de aseguramiento sobre 131 bienes inmuebles y 11 empresas el 25 de septiembre de 2017 en las ciudades de Puerto Cortés, Olanchito y San Pedro Sula.
Según los hechos expuestos, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) de San Pedro Sula recibió una denuncia en julio de 2016 en la que se señalaba a Jessica María Paz Castellanos como responsable del lavado de activos, producto de recibir dinero de los hermanos Rivera Maradiaga y establecer empresas con miembros de su familia para realizar grandes inversiones.
En septiembre de 2017, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) y la DLCN, ejecutó la Operación Fortuna con el objetivo de asegurar 131 bienes y congelar cuentas bancarias pertenecientes a socios de la familia Rivera Maradiaga, conocida como «Los Cachiros».
Posteriormente, en enero de 2022, la Fiscalía llevó a cabo la Operación Fortuna II, que incluyó cinco allanamientos y tres inspecciones a negocios en las ciudades de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán.
Esta sentencia representa un hito en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado en Honduras, enviando un claro mensaje de que aquellos involucrados en estas prácticas ilegales no quedarán impunes y sus bienes ilícitos serán confiscados.
El Estado continúa combatiendo activamente a las estructuras criminales y fortaleciendo el sistema de justicia para garantizar la seguridad y la integridad del país.
