La magistrada considera que hay indicios de delito en los cuatro millones de euros anuales que la empresa del exfutbolista del Barça pactó llevarse con la federación española.
Por El País
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, que investiga el traslado de la Supercopa de fútbol a Arabia Saudí, ha citado como investigado —la antigua figura de imputado— al exfutbolista y empresario Gerard Piqué al considerar que hay indicios de delito en la comisión anual de cuatro millones de euros que el exjugador del Barça pactó llevarse por ese acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La jueza lleva meses analizando las supuestas ilegalidades entre la federación y las autoridades saudíes para la celebración desde 2019 del torneo en el país asiático a cambio de 40 millones de euros para el organismo que rige el fútbol español y otros cuatro millones durante seis años para Kosmos Fútbol, la empresa de Piqué, que todavía formaba parte de la plantilla del Barcelona cuando se firmó el contrato. El acuerdo se prorrogó en 2020 otros cuatro años —hasta los diez en total—, lo que equivale a 400 millones para la RFEF y 40 para la compañía del exfutbolista culé.
La magistrada detalla en el auto, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido este diario, que el actual presidente de la federación, Pedro Rocha, también está investigado por las comisiones de la Supercopa. Rocha adquirió la condición de imputado el pasado abril en el marco de la Operación Brodie —en la que se investigan presuntas irregularidades en la federación durante el mandato de Luis Rubiales— tras declarar ante la jueza, ya que sus respuestas como testigo no convencieron a Delia Rodrigo ni al fiscal.
El auto señala que Rocha, que entonces era vicepresidente del área económica de la RFEF, no convocó a la comisión económica —tal y como le correspondía— para analizar la prórroga que se firmó en 2020 con el fin de mantener la Supercopa de España otros cuatro años más en Arabia Saudí. Tampoco solicitó el expediente a posteriori para evaluar el contrato. “Lo mismo cabe decir respecto a su actuación —u omisión de ella— en cuanto a las obras del estadio de La Cartuja de Sevilla”, añade Rodrigo en el texto.
Rocha también tiene abierto un expediente por infracción muy grave por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por no convocar elecciones a su debido tiempo y extralimitarse en sus funciones como presidente de la gestora que se ocupó del día a día de la RFEF cuando Rubiales dimitió. Además, ha tomado la decisión de apartar de sus funciones a directivos y empleados federativos que están investigados en la Operación Brodie, como Pedro González Segura, que era director de los servicios jurídicos del organismo, o José Javier Jiménez, conocido como Jota, pero él se mantiene en su nuevo cargo a pesar de que tiene la misma condición jurídica. Tanto González Segura como Jota están implicados en las presuntas adjudicaciones irregulares a la constructora Gruconsa en la reforma de La Cartuja y en la remodelación de la sede federativa de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
El contrato de la RFEF con Sela —la empresa pública de Arabia Saudí con la que se firmó el contrato— “trataba de garantizar”, según la magistrada, el pago de cuatro millones de euros anuales de comisión para Kosmos Fútbol “cuando esta empresa formalmente sería la comisionista de Sela”. Javier Tebas, el presidente de LaLiga, ha reaccionado en declaraciones a los medios en Londres a la imputación de Piqué: “Parecía lo lógico. Si el expresidente Rubiales ya estaba como investigado, parecía algo normal que Gerard Piqué fuese como investigado (…). No sé cuántas denuncias puse en el Consejo Superior de Deportes explicando que en la federación había una organización criminal. A mí no me sorprende, pero no porque sea Gerard Piqué, sino porque todo lo que pasaba en la federación no era normal. El contrato por el cual se acusa a Kosmos, a Piqué y al presidente Rubiales es un contrato que nunca llegó a estar en ningún órgano [adecuado]”.
Según la instrucción de la jueza —que investiga la supuesta comisión de los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal—, la federación contrató los servicios de Gruconsa “a cambio de que la constructora realizara pagos a la sociedad Dismatec”, que está administrada por Francisco Javier Martín, alias Nene, el amigo íntimo de Rubiales que está en el centro de la trama de sociedades creada por ambos. En ese triángulo societario entre la RFEF, Gruconsa y Dismatec participaron empleados federativos y empresarios cercanos a Rubiales, según la investigación.
La jueza también atribuye en el auto la condición de investigados al propio Nene; a la esposa de este, Purificación Rufino Domínguez; a Gruconsa; al exasesor jurídico de la RFEF Tomás González Cueto y a Pedro González Segura, además de otras nueve personas más. Delia Rodrigo, cuya instrucción también se dirige contra Rubiales, destaca que la mujer de Nene controla la empresa Dismatec, creada por un empleado de Gruconsa y traspasada a ella por el propio Nene antes de comenzar a recibir ingresos mensuales de la constructora. La tesis que expone el auto es que durante la presidencia de Luis Rubiales la federación contrató a Gruconsa—entre 2020 y 2022 realizó pagos a esta compañía por 2,6 millones de euros— supuestamente a cambio de que esta realizara pagos a Dismatec.
Sobre Cueto, que era el comisionado externo de la RFEF y cuyo despacho de abogados (GC Legal) también recibió transferencias de Dismatec, la jueza señala que pudo “desempeñar un papel relevante en la contratación de Gruconsa”. “Cueto ha ostentado una importante posición dentro de la federación de la que se habría podido valer para influir en la toma de decisiones de la directiva”, apunta Rodrigo, que también dice que es necesario aclarar la legalidad de las cantidades cobradas por su despacho. La magistrada también sospecha que desde la comisión económica de la RFEF —en la que participaban Cueto y Pedro González Segura— se elaboraron ofertas ficticias de empresas para que las obras se adjudicasen a Gruconsa, donde trabajaba Ángel Ignacio González Segura (el hermano de Pedro), de quien los investigadores creen que incluyó partidas injustificadas en las facturas para que ese dinero llegase a Nene.
