Tegucigalpa, – En menos de 13 días, el gobierno de Xiomara Castro ha experimentado una transformación significativa en su relación con Estados Unidos, marcando un contraste drástico con su anterior discurso de «dignidad y soberanía nacional».
La confrontación abierta, que incluyó amenazas públicas y críticas a la administración demócrata de Joe Biden, ha dado paso a una cooperación silenciosa con la nueva administración de Donald Trump.
Este cambio de rumbo quedó evidente en varios frentes clave de la política exterior hondureña. Uno de los ejemplos más notorios fue la decisión de mantener abierta la sección militar estadounidense en la Base Aérea de Palmerola, pese a las advertencias previas de la presidenta Castro de cerrarla si Trump procedía con deportaciones masivas.
La renovación del acuerdo para la presencia militar estadounidense se realizó discretamente, sin fanfarrias ni anuncios oficiales, lo que contrasta con el estilo altisonante que solía caracterizar al gobierno.
La recepción de deportados: un gesto de buena voluntad
Otro indicio del nuevo enfoque diplomático fue la recepción de cuatro vuelos con cientos de hondureños deportados desde Estados Unidos, dos de ellos en aviones militares.
Esto marca un cambio respecto a las declaraciones previas del gobierno, que había insistido en rechazar cualquier deportación que no respetara la dignidad de los migrantes.
Sin embargo, las autoridades hondureñas ahora parecen dispuestas a cumplir con las demandas de Washington, incluso cuando estas contradicen sus posturas anteriores.
El contexto es claro: según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), más de 200,000 hondureños tienen órdenes pendientes de deportación emitidas por jueces estadounidenses. Este flujo continuará, y el gobierno de Castro parece haber optado por priorizar la cooperación sobre la confrontación.
El tema de la extradición: ¿un punto de negociación?
Uno de los asuntos más delicados en la relación bilateral es el tratado de extradición, utilizado por Estados Unidos para procesar a ciudadanos hondureños acusados de narcotráfico, corrupción y terrorismo.
En diciembre pasado, la presidenta Castro ordenó la denuncia del acuerdo, argumentando que era un acto de soberanía y una medida para proteger al líder militar, general Roosevelt Hernández, quien se reunió con el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López, un hombre señalado por Washington como parte del cártel de los Soles.
Sin embargo, el canciller Eduardo Enrique Reina ha adoptado un tono más flexible, señalando que están dispuestos a negociar este tema con las autoridades estadounidenses. Por su parte, el vicecanciller Antonio García indicó que la denuncia del tratado no entrará en vigor hasta el 1 de marzo, dejando margen para posibles acuerdos antes de esa fecha.
Presión desde Washington
Desde la Casa Blanca, el asesor de Seguridad Nacional para Latinoamérica, Mauricio Claver-Carone, envió un mensaje claro: «Los acuerdos deben cumplirse o habrá repercusiones».
Claver-Carone destacó que la administración Trump está dispuesta a trabajar con gobiernos democráticos, independientemente de su orientación ideológica, siempre que cumplan con las exigencias de Washington. Este mensaje parece haber resonado en Tegucigalpa, donde las voces críticas hacia EE.UU. han comenzado a moderarse.
Un cambio estratégico
El ajuste en la política exterior de Honduras refleja una adaptación pragmática a las realidades geopolíticas. Tras observar cómo líderes regionales como Gustavo Petro en Colombia, Lula da Silva en Brasil y Claudia Sheinbaum en México aceptaron las condiciones impuestas por Trump, el gobierno de Castro parece haber decidido evitar enfrentamientos directos que podrían tener consecuencias negativas para el país.
El general Roosevelt Hernández, quien recientemente opinó sobre temas fuera de su ámbito constitucional, ahora señala que la extradición es un asunto político que debe ser manejado por las autoridades civiles.
Este cambio en el discurso también sugiere una mayor coordinación entre los sectores militar y político para abordar las demandas de EE.UU.
El giro en la política exterior de Honduras bajo la presidencia de Xiomara Castro demuestra cómo las dinámicas internacionales pueden influir en las decisiones nacionales.
De una postura inicial de confrontación y desafío, el gobierno ha optado por una estrategia de cooperación silenciosa con Estados Unidos, priorizando la estabilidad y los intereses nacionales.
Este cambio estratégico plantea preguntas sobre el futuro de las relaciones bilaterales y cómo se manejarán temas sensibles como la extradición y la presencia militar estadounidense en el país.
