Tegucigalpa – Una controversia se ha desatado en Honduras tras las polémicas declaraciones del diputado Bartolo Fuentes (Libre), quien afirmó en el programa Doble Vía de Radio América que los migrantes deportados «van a pijiniar por quince días y después se van a ir» con el dinero que el Gobierno les otorgará como parte del programa de emergencia anunciado por la presidenta Xiomara Castro.
La iniciativa gubernamental, que contempla un apoyo de 100 dólares a la llegada, raciones alimenticias y mil dólares de capital semilla para emprendimientos, fue cuestionada por el legislador, quien además realizó comentarios controvertidos sobre el comportamiento de los migrantes, sugiriendo que estos buscan «apantallar» con bienes prestados durante sus visitas al país.
Juan Flores, líder de la comunidad hondureña en Estados Unidos y director de la Fundación 15 de Septiembre, criticó duramente las declaraciones del parlamentario y calificó su nombramiento como presidente de la Comisión de Migración como una decisión «mala pero estratégica» del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, señalando que la falta de visa estadounidense del diputado lo mantiene alejado de la realidad migratoria.
Las redes sociales también se han convertido en un espacio de repudio hacia las declaraciones del diputado. Diversos usuarios han expresado su descontento, como Marcos Orellana, quien se refirió a Fuentes como «el coyote de la Fuente», mientras que otros criticaron la falta de empatía del legislador hacia la situación de los migrantes.
La Fundación 15 de Septiembre ha solicitado formalmente la remoción del diputado Fuentes de su cargo en la Comisión Especial de Migración, argumentando la necesidad de contar con representantes más comprometidos con la causa migrante.
Ante esta situación, Juan Flores ha hecho un llamado a la población hondureña para reflexionar sobre su voto y no respaldar a funcionarios que actúen en contra de los intereses de los migrantes.
El incidente ha puesto de manifiesto la brecha existente entre los representantes políticos y la realidad que enfrentan los migrantes hondureños, generando un debate sobre la idoneidad de los funcionarios designados para atender la compleja situación migratoria del país.
