Tegucigalpa – La lucha contra el narcotráfico en Honduras enfrenta un momento crítico ante la inminente expiración del tratado de extradición el próximo 28 de febrero, según advierte Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien señala que esta situación podría convertir al país en un refugio para el crimen organizado.
En un análisis detallado compartido a través de redes sociales, Castellanos destaca cómo las audiencias en la Corte de Nueva York han expuesto la profunda infiltración del narcotráfico en las estructuras del Estado hondureño.
La extradición, según señala, ha sido el único mecanismo efectivo para llevar ante la justicia a quienes utilizaron dinero del narcotráfico para financiar campañas políticas y comprar influencias en todos los niveles del gobierno.
«Los testimonios de los líderes criminales apenas alcanzan a describir la era de terror que vivió Honduras cuando el narcotráfico operaba con total impunidad», enfatiza Castellanos, señalando la complicidad de funcionarios de diversos partidos políticos.
La directora del CNA subraya la preocupante debilidad del sistema judicial hondureño, que nunca logró procesar a estos individuos, ni siquiera por infracciones menores. Más alarmante aún es la persistencia de figuras cuestionadas en las papeletas electorales, lo que sugiere que la influencia del narcotráfico en la política nacional está lejos de terminar.
Castellanos advierte que la decisión de no renovar el tratado de extradición parece estar motivada por intereses particulares, específicamente cuando este mecanismo amenazaba con alcanzar a allegados del actual gobierno. Esta situación, según la directora, marca un retroceso significativo en la lucha contra el crimen organizado.
El análisis presentado por el CNA sugiere que Honduras podría estar retornando a una época oscura donde la impunidad y la influencia del narcotráfico en las decisiones políticas amenaza con socavar los avances logrados en materia de seguridad y justicia.
La próxima expiración del tratado de extradición no solo representa un cambio en la política internacional del país, sino que podría significar un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Honduras.
