Nueva York – La jornada de testimonios en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández se intensificó este jueves con la comparecencia de dos importantes testigos: Andrea Santos y el agente estadounidense Daniel McNamara.
Andrea Santos, una hondureña que reside en Estados Unidos desde 2016, se presentó como el octavo testigo de la Fiscalía. Santos reveló su temor a regresar a Honduras, vinculado a su relación con Alexander Mendoza, conocido como «El Porky», uno de los personajes centrales en el caso.
Durante aproximadamente un año, Santos convivió con «El Porky» en San Pedro Sula, donde presenció sus actividades vinculadas al narcotráfico y a pandillas. Detalló cómo Mendoza estaba involucrado en señas de pandillas y en la distribución de drogas, además de compartir información sobre el presunto envío de armas por parte del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, a Mendoza.
Posteriormente, el agente estadounidense Daniel McNamara, perteneciente a la Unidad de Investigaciones Bilaterales del Hemisferio Occidental, ofreció su testimonio como el noveno testigo en el juicio.
McNamara expuso detalles sobre las comunicaciones interceptadas que vinculaban al expresidente Hernández con planes para eliminar a Yulan Adonay Archaga Carías, conocido como «El Porky», presunto líder de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras.
Según el testimonio del agente, Hernández asignó un equipo de élite para llevar a cabo esta acción, como respuesta a la presión generada por las autoridades estadounidenses.
El agente McNamara también presentó evidencia sobre las comunicaciones electrónicas que involucraban a Juan Orlando Hernández, identificando una línea de comunicación específica y mensajes que sugerían la participación del expresidente en estos planes.
El testimonio reveló la presunta relación entre Hernández y Geovanny Fuentes Ramírez, donde «Juancho» sería un apodo utilizado para referirse al expresidente hondureño.
Estos testimonios arrojan luz sobre la complejidad del caso y la presunta implicación de altos funcionarios en actividades ilícitas, lo que refuerza la importancia del proceso judicial en el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia.
