Tegucigalpa. – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), manifestó este miércoles a través de un comunicado, su rechazo a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede) porque violentan la Constitución de la República y generan condiciones desiguales en seguridad ciudadana.
En ese sentido, en el escrito mencionaron que, lo establecido en las reformas a los artículos 293, 303 y 329 de la Constitución de la República, así como en la Ley Orgánica de las Zede, en la que se les otorga autonomía, violentan postulados constitucionales elementales relativos a la soberanía, forma de gobierno y principios fundamentales de la igualdad y el debido proceso.
Además, en una serie de puntos, la ASJ manifestó que Honduras necesita empleo y desarrollo, pero estos deben garantizarse en el marco del respeto a la Carta Magna.
“Todos los hondureños somos iguales ante la Ley. Esta igualdad es el principio fundamental del derecho, que va íntimamente ligado al principio de justicia. Otorgar beneficios sociales, económicos, jurídicos, educativos, sanitarios, laborales y culturales mediante las Zede constituye privilegios y ventajas en beneficio de algunos y en perjuicio de otros. Esto es inaceptable”, señala el comunicado.
Recordó que, la soberanía se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que son complementarios e independientes, sin relaciones de subordinación. Sin embargo, en el marco legal de las Zede, los tres poderes del Estado ceden sus facultades, situación que no es acorde con los postulados constitucionales.
“Además taxativamente irrumpe la independencia del Poder Judicial, pues otorga facultades a órganos administrativos ajenos al Poder Judicial en su quehacer de administración de justicia”, añadió.
Al crearse en las Zede, sus propios órganos de seguridad interna, incluyendo su policía, órganos de investigación del delito, inteligencia y persecución penal, se transgrede el principio de unidad de actuación de la Policía Nacional, la independencia del Ministerio Público en cuanto a la potestad de representar los intereses generales en el ejercicio de la acción penal pública.
El derecho a la propiedad privada se ve amenazado con la posibilidad de expropiación fuera de los parámetros constitucionales y constituye una amenaza para los pueblos indígenas. Es necesario el respeto a lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y tribales de mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, así como participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.
“Hacemos un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo para escuchar a la sociedad hondureña y dar marcha atrás a iniciativas que lesionan los intereses de la ciudadanía, procediendo a la derogatoria inmediata de las reformas constitucionales realizadas a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la Republica”, hizo hincapié en el amplio documento.
ASJ cuestiona que la Ley Orgánica de las ZEDE, en lugar promover un proceso participativo de dialogo que permita estructurar mecanismos adecuados de generación de empleo y desarrollo, y fomentar un clima apropiado de negocios y estímulo a la inversión donde todos alcancemos mejores niveles de convivencia y seguridad ciudadana.
